El fondo de rescate destinado a ayudar a los sectores afectados por la pandemia va a empezar a movilizarse. A través de una convocatoria se pretende gastar la mayor parte de los cien millones aprobados para auxilios obligados. La idea del Principado es aumentar el número de sectores subvencionables, porque hay actividades que sufrieron una caída en la recaudación al verse arrastradas por los negocios que tuvieron que cerrar o sufrieron restricciones horarias (hostelería, pequeño comercio, ocio, cultura, etc.). En las relaciones económicas no hay compartimentos estancos. El Gobierno regional espera reservar una parte del fondo de rescate para las necesidades que puedan surgir ante posibles escaladas en la curva de contagios.

El fondo de rescate fue la iniciativa estrella del actual presupuesto. Todos los partidos que apoyaron las cuentas anuales pusieron como condición la creación de ese fondo extraordinario. Lo lógico es que los mismos grupos parlamentarios que respaldaron el presupuesto, también apoyen la asignación de los recursos. En la política asturiana este tipo de decisiones concretas no están siempre libres de asperezas. Ya ocurrió al definir el fondo, donde algún grupo de la oposición presionó para incluir a determinados colectivos. Por lógica, la delimitación de los beneficiarios es una tarea técnica que debe corresponder a la Administración. La negociación política es otra cosa. Sin embargo, en nuestra tierra introducir a los distribuidores de bebidas entre los colectivos afectados se ve como una importante contribución política. Para ser justos hay que reconocer que esa costumbre no es solo privativa de Asturias porque también abunda en el Congreso de los Diputados. En el decreto de la nueva normalidad, el Gobierno de la izquierda tuvo que ceder ante las exigencias de Ciudadanos y fijar la distancia de seguridad –en argot, distancia social– en metro y medio. Los portavoces del partido naranja manifestaron que la reducción de medio metro era necesaria para «algunos negocios» (¿academias de baile?).

La oposición critica al Gobierno por haber dejado pasar los primeros veinte días del año sin gestionar las ayudas. Se pueda hacer más rápido, pero hay algunos trabajadores acogidos a ERTE que llevan sin cobrar desde primavera. Al gestionar el presupuesto el Gobierno tiene que prever posibles ampliaciones del fondo. Con dificultades de aprovisionamiento en las vacunas, de levantar olas se encarga el personal.