A lo largo del año en curso alcanzan la edad de la jubilación 1.500 empleados del Principado. Si tenemos en cuenta que se trata de un colectivo que ronda los 40.000 trabajadores, la cantidad de próximas jubilaciones no es alta, al reducirse al 3,7% de la plantilla. Si el porcentaje se repitiese durante los siguientes ejercicios en la próxima década dejaría de estar en activo el 37% de los empleados. La postura de los sindicatos en las administraciones públicas es conocida, piden que se cubran todas las bajas y, alegando los nuevos servicios que se prestan, solicitan ampliar las ofertas públicas de empleo con nuevos puestos de trabajo. Al margen de las circunstancias de cada caso, la demanda sindical responde a la filosofía de que las administraciones deben siempre crear empleo. La respuesta de estas depende de los equilibrios de poder en los gobiernos y del estado de la tesorería. Hay gobiernos con respuestas generosas, más puestos de trabajo y subida de salarios, y otros que no están en condiciones de llegar tan lejos y dejan bastantes plazas sin cubrir.

El Gobierno de Adrián Barbón ha asumido como uno de los principales objetivos del mandato la reforma de la Administración autonómica. Al parecer, en los próximos diez años se jubilará la mitad de la plantilla. Se deduce de ello que en tiempos venideros habrá muchas más jubilaciones que en este año. La población asturiana es una de las más envejecidas de España y es lógico que la edad de los funcionarios siga una pauta parecida. El vicepresidente, Juan Cofiño, encargado de la reforma, ha dicho repetidamente que aspira a una Administración «más eficaz y eficiente» que es tanto como decir que produzca más y lo haga con un mejor aprovechamiento de la mano de obra. Descartando que se produzcan despidos en las empresas públicas porque nadie del Gobierno ni de la oposición se plantea medidas de ese tipo, la forma más sencilla e indolora de mejorar la eficiencia es la de amortizar un porcentaje de las plazas que quedan vacantes con las jubilaciones. Un ejemplo, ante la pérdida de 70.000 millones de euros en la recaudación fiscal, Rajoy dejó sin reponer 12.400 plazas de policías y guardias civiles que se jubilaron.

No todas las plazas son iguales. En sanidad es muy difícil aplicar recortes. La tendencia será la contraria, ya que una población envejecida dispara las demandas sanitarias y sociales. Sin embargo hay negociados prescindibles. Es ahí donde toca mejorar la eficiencia amortizando plazas y estructuras.