Continúa la laboriosa negociación del Gobierno regional con cuatro grupos de la oposición sobre los beneficiarios del fondo de rescate. Podemos, Ciudadanos, IU y Foro pidieron que el pequeño comercio, aunque pueda estar abierto al público, reciba una subvención al haber disminuido sus ventas por culpa de la pandemia. No puede extrañar a nadie que el comercio facture menos que en los años de la vieja normalidad, porque hasta los futbolistas profesionales sufrieron una merma de ingresos en tiempos de coronavirus. El Gobierno ha aceptado la propuesta de los citados grupos y parece que recibirán ayudas que oscilan entre 300 y 1.200 euros. Ahora la negociación se centra en las condiciones que deben tener los negocios para acceder a esas ayudas. Habrá comercios que cumplirán con los requisitos que decidan los diputados y otros que no. Así que el mes de enero se lo pasan los partidos parlamentarios dilucidando en torno a tres círculos concéntricos: los sectores económicos que tienen derecho al rescate, las condiciones que deben reunir las empresas para poder recibir las subvenciones, y el nivel de ayudas que le corresponde a cada solicitante. En definitiva, tres cuartas partes del Parlamento trabajando sobre lo que debería ser un simple reglamento, que en los sitios donde rige el sentido común lo redacta la propia Administración.

La política asturiana se mueve entre dos extremos, la retórica ideológica y los repartos de dinero. Entre uno y otro quedan sin tratar los problemas de la región y sus soluciones. Hubo legislaturas en que el asunto estrella en el debate parlamentario era el salario social. Otra subvención. Objetivamente, la cuestión no daba para mucho, se presupuestaba una partida y se iba entregando a los que reunían las condiciones para ser merecedores de ella. Sin embargo, en las sesiones de preguntas al presidente el salario social se colaba siempre en el orden del día. En Asturias hacer política es ordenar trasvases masivos de dinero entre asturianos. Lo de crear valor añadido queda para otros territorios.

El siguiente paso en el reparto del fondo será pedir la ampliación de la tarta (100 millones de euros) porque con tanto beneficiario el rescate se va a convertir en una simple gratificación. Podemos ya ha anticipado que se debe incluir a los trabajadores que están afectados por ERTE, imagino que también meterá en la operación a los que han quedado en el paro. El progreso pasa por reducir la política al reparto de subvenciones.