La denuncia que dos empresas importantes, Lezama Demoliciones y Construcciones los Álamos, realizaron a la mesa de contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) sobre un supuesto intento de mediación de Álvaro Álvarez (secretario general de la agrupación socialista de Avilés en la última década del pasado siglo y primera del actual) a favor de las citadas empresas en el concurso de demolición de las baterías de cok es un asunto escabroso. La licitación de la obra está cifrada en 15,6 millones y las dos empresas que forman una UTE se han presentado al concurso; el dirigente socialista avilesino habría supuestamente ofrecido sus servicios a la primera a cambio de una contraprestación económica. La mesa de contratación trasladó la denuncia de las empresas a la Fiscalía.

Álvaro Álvarez ofrece otra versión. En primer lugar dice que tuvo un encuentro informal con Lezama y una subcontrata local a propuesta de la segunda y por el interés de ambas en conocer su opinión. Sin embargo, en el relato de los socios de la UTE se dice que los había citado el dirigente socialista, «con la excusa de hablar de unas baterías». Álvaro Álvarez afirma que cuando se produjo el encuentro (31 diciembre) ya había hecho público la mesa de contratación que las tres ofertas que se presentaron al concurso habían sido admitidas, y que Lezama Demoliciones le aseguró en el encuentro que la UTE estaba bien posicionada para ganarlo, lo que hacía absurda su supuesta mediación. Presenta, finalmente, dos argumentos: la mesa de contratación no hizo mención a ninguna interferencia, por su parte, en el escrito que trasladó a la Fiscalía y, en la actualidad, carece de representación institucional y no tiene capacidad de influencia en una decisión que corresponde a un organismo de la Administración General del Estado. Es un simple jubilado.

A partir de aquí le corresponde investigar a la Fiscalía. Son dos versiones completamente opuestas que solo podrían armonizarse a partir de un inmenso malentendido, algo muy difícil de aceptar entre personas acostumbradas a hablar de obras, contrataciones, pliegos, etcétera. Se puede presuponer que no es la primera vez que los directivos de las empresas hablaban con un político ni que Álvaro Álvarez charlaba con representantes empresariales. A la vista de lo acontecido se puede afirmar que es un asunto desgraciado. La desconfianza que genera una cuestión de este tipo sobre políticos, empresas, concursos públicos, etcétera, es imparable. Que la Fiscalía arroje luz.