Se van a volver a reunir esta semana las 17 organizaciones que constituyen la Alianza por las Infraestructuras. Un foro creado por el Gobierno de Javier Fernández a mitad de la anterior legislatura. El plan del Principado consistía en elaborar un documento con todas las infraestructuras del Estado que estaban pendientes de ejecutar en Asturias; mandarlo al Gobierno, posteriormente, y en tres meses el Ministerio de Fomento tenía que elaborar un calendario y decir lo que iba a hacer a corto y medio plazo. El Principado dividía las actuaciones en tres grupos: las que debían contar con una reserva presupuestaria del Estado, las que había que tramitar de una manera ágil y las que sólo requerían del compromiso de impulsarlas. La firma de las 17 organizaciones (cámaras de comercio, Fade, sindicatos, asociaciones de transportistas, etc.) constituían por sí mismas un elemento de presión suficientemente importante como para que el Ministerio de Fomento alterara su cronograma. Hay que ser muy optimista, o muy ignorante, para pensar que el Estado responde a ese tipo de estímulos.

Todo eso sucedía, exactamente, hace cuatro años y las cosas siguen como estaban o avanzan a la velocidad desesperante con que progresan las actuaciones públicas en la región. Crstina Coto, a la sazón lideresa de Foro, atacó el plan de la Consejería de Belén Fernández (¿se acuerdan de esta señora?), y Emilio León, entonces portavoz de Podemos, consideró que era más urgente hacer una auditoría de todo lo gastado, «sobre todo en un contexto de presuntos sobornos en la variante de Pajares». El alma detectivesca de Podemos siempre aflora cuando hay excavadoras por el medio. Las investigaciones son urgentes, las obras aplazables: el orden de prioridades del partido morado.

La citada alianza inició una senda por la que transitan otras muchas plataformas pobladas de siglas y pertrechadas de buenas intenciones. Cuando la región encalla en un problema, la clase política asturiana y organizaciones o instituciones anexas crean un foro, elaboran un manifiesto, lo firman y a ver si el Gobierno de España traga. Así de simple. Ni el coste del suministro energético para la industria, ni el corredor Atlántico, ni infraestructuras como los soterramientos ferroviarios, los accesos portuarios o la autovía hasta La Espina se van a acelerar porque lo pida la plataforma de turno. Hay que hacer política –buscar aliados, movilizar a la sociedad– o la protesta quedará reducida a un mero desahogo.