Se acumulan los datos preocupantes sobre la industria y la economía asturiana. A todo lo visto en las pasadas semanas se añaden novedades que casi colman la copa del infortunio.

La Unión Europea sigue con su plan por fases para expulsar la industria de los metales de su territorio. Las principales plantas asturianas no van a tener asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2. El mercado del CO2 se ha vuelto especulativo, con la entrada de operadores ajenos al negocio, y el precio de la tonelada de dióxido de carbono sube como la espuma.

En este mes de febrero ya se ha alcanzado un máximo histórico rozando los 40 euros. Hay gestores de fondos que pronostican un precio de 100 euros para la tonelada dentro de un año. Interesa alimentar esa tendencia. Es muy sencillo de comprobar.

Ribera

Con el precio del CO2 por las nubes las inversiones en tecnología verde se multiplican. Recurriendo a los artificios del mercado del CO2 –una excentricidad de la economía europea–, va a acabar por ser verdad lo que lleva proclamando la vicepresidenta Teresa Ribera desde que entró en el Gobierno: las tecnologías verdes son las más competitivas. Si se aumenta artificialmente el coste de los combustibles fósiles las renovables resultan muy eficientes. ¿Qué fácil, verdad?

La vicepresidenta ha encontrado un truco para acelerar la tendencia. Se llama Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, diseñado por el Ministerio de la Transición Ecológica para rebajar el precio de la luz. Eso es lo que dice el discurso oficial. Veamos en qué consiste.

Las primas a las energías renovables representan 7.000 millones de euros. La vicepresidenta las saca del recibo de la luz y las reparte entre el resto de sectores energéticos (petróleo, gas natural, electricidad) que verán incrementada su factura hasta el 8%. Hay que preguntarle a la vicepresidenta qué más va a hacer para expulsar del mercado las energías tradicionales y hacer anticompetitiva la industria electrointensiva.

Autopista del mar

Vamos con otro asunto. La autopista del mar Gijón-Nantes naufraga. En 2014 el proyecto se fue a pique porque un socio de la empresa se convirtió en accionista universal de la línea VigoNantes. Ana Pastor era ministra de la cosa, con su marido al frente de la Autoridad Portuaria de Marín (Pontevedra), y de pronto dejamos de ser competitivos. Dos años antes un periódico de Madrid titulaba, «Autopista del Mar de Gijón a Nantes, historia de un éxito».

En esta ocasión, la autopista del mar fracasó sin llegar a surcar las aguas. Gran sorpresa en el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria de El Musel por la renuncia de Balearia, que sigue con sus líneas habituales y la subvención europea en el bolso. Las tres instituciones van a formar un grupo de trabajo para analizar la situación. Nuevamente, como en todos los mercados regulados, la clave está en los gobiernos. Nuestros representantes ponen cara de sorpresa y la explicación la tienen delante de sus narices.

En el contrato de la autopista del mar con Balearia, la Comisión Europea financiaba la ubicación de una gasinera (‘gasolinera’ de gas) en El Musel, y ahora con el contrato rectificado la gasinera se ubica en Valencia. ¿Hay que ser muy agudo para comprender que está José Luis Ábalos –también ministro de la cosa– por el medio?

¿Cómo van a cambiar un contrato la Comisión Europea y una naviera que implica el abandono de una ruta por otras sin el visto bueno del Ministerio de Transportes? ¿La oposición va a caer del guindo? Son demasiados reveses y en muy poco tiempo. Las medidas sobre energía e industria tomadas por el Gobierno de coalición de la izquierda van en contra de los intereses de Asturias.

Desde la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos hay que abandonar toda esperanza. El Gobierno de Adrián Barbón presentó unas alegaciones, en compañía de los ejecutivos de Galicia y Cantabria, y el Ministerio de Industria ni se tomó la molestia de contestar ¿Hacen falta más pruebas?

Respuesta

Una región de siete diputados, sin ministros y envejecida no tiene palancas institucionales para presionar al Gobierno. En contra de lo que piensan muchas personas, la experiencia demuestra que el hecho de que en Madrid y Oviedo haya gobiernos del mismo signo político no pasa de ser una anécdota. Lo mismo sucedió con el Gobierno de Rajoy (variante de Pajares, plan de vías, autopista del mar, minería, etc.) y el Principado de Javier Fernández.

La negociación entre instituciones tiene un límite que está prácticamente agotado. La sociedad tiene que dar un paso al frente o aceptar que vamos camino de ser un espacio protegido que cobra el día 25 de cada mes las pensiones.

El otro día quedé asombrado viendo cómo en Jaén la gente bramaba contra el Gobierno porque la base logística del Ejército que se iba a instalar en la ciudad se había asignado a Córdoba, por presumibles presiones de la vicepresidenta Carmen Calvo. ¿Qué dirían los jienenses si les deslocalizaran las industrias que no tienen?

Ante las grandes crisis laborales, como, por ejemplo, la pérdida de 22.000 empleos del sector público industrial en 1993, las centrales sindicales asturianas asumieron la representatividad social de la región. No sé si ya pasó demasiado tiempo para jugar el mismo papel. De lo que estoy seguro es que los problemas no son menores.