Para nadie es un secreto que el Gobierno de España tiene un problema con la aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación social exigida por Pablo Iglesias y que está en manos de José Luis Escrivá. Ideada desde el populismo y gestionada por el pragmatismo. Las comunidades autónomas que habían incorporado voluntariamente prestaciones económicas para las personas sin recursos (ingresos menores a los 430 euros mensuales) vieron con alivio que el Estado se hiciera cargo porque resultaba muy costoso financiarlas. Un buen ejemplo es lo que sucedió en el Principado con el salario social. Empezó en el año 2006 con un presupuesto de 15 millones de euros y 2.000 perceptores, para llegar en 2019 a los 120 millones y 21.000 titulares de la prestación. Desde el inicio no hizo otra cosa que crecer en presupuesto y beneficiarios.

Al empezar a gestionar el IMV el ministro Escrivá puso la burocracia a funcionar para no verse sobrepasado por la demanda de peticionarios; cuando se trata de retrasar, rechazar o bloquear, nadie lo hace mejor que la burocracia. El Principado cayó en sus redes y ahora se encuentra atrapado. Teóricamente el IMV se empezaba a pagar en junio, y como el Ministerio de la Seguridad Social no había afinado los procedimientos administrativos, se pensó que se abonarían las primeras pagas retroactivamente cuando todo estuviera listo. El Principado envió a Madrid las 9.000 peticiones de personas que querían pasar de recibir el salario social al IMV, pero en el mes de septiembre Escrivá, muy hábil, cambió la norma y las 9.000 peticiones no superaron el test de la ventanilla. Volvió el Principado a revisarlas para adaptarlas a los nuevos requisitos y las reenvió a Madrid. El Ministerio, con el calendario en la mano, las rechazó nuevamente el 31 de diciembre, la fecha límite para exigir las pagas retroactivamente. Ni un reloj suizo funciona mejor.

El Principado se encuentra con que tiene que hacer frente a las pagas (34,5 millones) de los 9.000 peticionarios, un dinero que iba a destinar a un plan de choque para la dependencia. A todo esto, el Ministerio asegura que el Principado “no envió las certificaciones”. La peripecia es sangrante para una comunidad autónoma pequeña como Asturias. ¿Actuaría igual Escrivá con Cataluña? Es un asunto concreto que ejemplifica cómo son las relaciones del Gobierno con el Principado. Los ministros se permiten actuaciones tan prepotentes porque hasta la fecha no les suponen ningún coste político.