La condena de Pablo Rivadulla (Hasél) por enaltecimiento de terrorismo, agresión, violencia física y verbal ha levantado un vivo debate. Los partidos constitucionalistas coinciden en rechazar cualquier tipo de violencia, aunque sobre la sentencia no hay acuerdo, porque mientras la mayoría la defiende, el PSOE evita referirse a ella. Podemos y los grupos independentistas consideran que Hasél no ha cometido un delito, ya que se limitó a hacer uso de su libertad de expresión, un derecho que según ellos prevalece por encima de cualquier otro.

El debate se prolonga durante días porque en las principales calles de Barcelona, y también en otras ciudades, hay piquetes de vándalos que rompen bienes públicos y saquean negocios privados en supuesta solidaridad con el presidiario. Tanto los actos de Rivadulla como los destrozos de los violentos se presentan por los interesados como ejemplos de libertad de expresión. Hay que salir al paso de valoraciones tan sesgadas ya que hoy día en España el bien y el mal han intercambiado sus papeles: los salvajes son jóvenes frustrados en una sociedad con graves problemas sociales (¡impresionante el arzobispo de Barcelona!), y la Policía autonómica catalana necesita reformarse, dado que utiliza métodos propios de sistemas represivos. ¿Tenían los dirigentes de Vox derecho a explicar su programa en la campaña electoral catalana? ¿Por qué les tiraban piedras los mismos que piden la libertad para Hásel?

Hay cuestiones que no se pueden pasar por alto. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha manifestado que el Gobierno revisará la sentencia, como si los magistrados hubieran disparatado. Ni la ley ni los togados están descaminados. Si uno se fija en Alemania, Noruega o Francia encontrará que se considera delito la expresión de determinados juicios que se castigan con cárcel. En España, el enaltecimiento del terrorismo debe estar severamente perseguido, porque hay horribles asesinatos en la memoria de todos. Indultar al penado es lo mismo que validar su conducta y dar la razón a los que piden con piedras y fuego su puesta en libertad. En Podemos les llama la atención la preocupación por los contenedores quemados y “tan poca por la falta de vivienda”. España es el país con más okupas de Europa. En cuanto alguien entra en un piso no hay quien lo expulse. Podemos no tiene derecho a denunciar la falta de vivienda, cuando jamás ha sentido compasión por la gente que se queda en la calle porque los okupas se adueñaron de ella.