Dos noticias procedentes de altas instituciones del Estado –Congreso de los Diputados y Tribunal Constitucional-, relacionadas con la llingua asturiana, han servido de arma arrojadiza para la clase política regional en su permanente desencuentro sobre el bable.

Una proposición no de ley promovida por la miríada de grupos nacionalistas, regionalistas o cantonalistas, a los que se sumó Podemos, sobre la necesidad de apoyar reformas estatutarias que permitan reconocer la oficialidad de las lenguas vernáculas, fue aprobada en la Cámara Baja con el voto favorable del PSOE. Unos días más tarde, el Tribunal Constitucional rechazó que el nuevo reglamento de la Junta General del Principado, donde se reconoce el derecho a usar la llingua por cualquier interviniente, fuera inconstitucional.

Las dos noticias juntas han dado ánimos a los que apuestan por un cambio en el estatus legal del bable. Daniel Ripa lo expresó en términos concretos: “2021 tiene que ser el año de la oficialidad”.

PSOE

En la presente legislatura, la oficialidad de la llingua está en la agenda política porque el PSOE cambió de opinión. Con Martínez Noval y Javier Fernández, de secretarios generales de la FSA, el socialismo asturiano estuvo en contra de la oficialidad. Desde la Presidencia del Principado, Álvarez Areces y  Javier Fernández también la rechazaron.

La cooficialidad fue aprobada por los socialistas a través de una enmienda presentada en el 32 congreso de la FSA. Es oportuno recordar que la propuesta sólo contó con el apoyo del 52% de los congresistas.

Cuando se demanda la oficialidad se saca a relucir el derecho a expresarse en asturiano, a dirigirse a las administraciones en la llingua llariega, garantizar su enseñanza o conceder puntos a los opositores a la función pública que acrediten el conocimiento del bable. Pues bien, todo eso está en el articulado de la Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano de 1998. Otra cosa es que no se haya querido explorar esa vía.

Aquí y ahora el planteamiento de la oficialidad del bable es un pulso entre la izquierda y la derecha. Los 26 diputados de la izquierda quieren la oficialidad, y de los 19 de la derecha, 18 están rotundamente en contra. La excepción es Adrián Pumares, uno de los dos diputados de Foro. Para aprobarla hacen falta 27 escaños (3/5 de la Cámara), siendo providencial para ello la transformación de Foro, desde la beligerancia en sus tiempos de partido mayoritario a asumir el bilingüismo como partido minúsculo que orbita en torno al Gobierno socialista. Sin el voto del único diputado de Foro obediente a la disciplina de partido, la oficialidad se desvanecería a la espera de tiempos más propicios.

DIVISIÓN

La polarización política, izquierda-derecha, encontrará en la reforma del Estatuto de Autonomía y la inclusión de la oficialidad del bable un motivo más para la división. Desde que en 2017 cambió la FSA de criterio, el PP comprendió que tenía ante sí un filón que explotar. Tras más de 40 años viendo cómo los grupos nacionalistas utilizaban la lengua propia como ariete contra el Estado democrático, el electorado asturiano, como el andaluz o el aragonés, siente recelo.

Hay una remota posibilidad de que Podemos o IU obtengan algún rédito electoral con la cooficialidad. No lo creo, pero dentro del espectro radical igual hay cien visionarios agradecidos.El caso del PSOE es muy distinto. Al ser decisoria la revisión de su política lingüística para producir el cambio de estatus del bable, todas las miradas estarán puestas sobre él.

Los socialistas podrían dar el paso en un contexto pacífico, dentro de una operación de consenso, pero hacerlo a caballo de una operación de unidad de las izquierdas tendrá un coste electoral cierto. No es de recibo que los presupuestos del Principado salgan adelante con una alianza transversal amplia y que la oficialidad se imponga con la baza de la hegemonía de la izquierda.

En este asunto hay algo que no puede perder de vista Adrián Barbón. La oficialidad, como la reforma estatutaria, es una exigencia de la élite política y de sus allegados, no responde al impulso de una mayoría social.   Antes de aceptar el calendario de Daniel Ripa, el presidente podría hacer un trabajo de prospectiva muy aleccionador: convocar un referéndum no vinculante sobre la cooficialidad. A ver qué sale de las urnas.

URNAS

La oficialidad es susceptible de someterse al escrutinio de la gente, porque todo el mundo tiene una opinión sobre ella. La valoración de un diputado no mejora el juicio de un peatón. Sin embargo, no se puede hacer una consulta popular sobre el mix energético o el modelo de financiación autonómica sin un curso previo de formación.

Siempre que se plantea la alternativa del referéndum los impulsores de la cooficialidad se echan para atrás. Los mismos que propusieron un referéndum sobre las corridas de toros o sobre la posibilidad de apoyar al candidato de otro partido para la Alcaldía de Gijón, se niegan a preguntar a los hablantes sobre la cooficialidad de la llingua.

Saben que pueden atar la operación en un acuerdo entre elites políticas, pero carecen de respaldo social. El asturiano medio tiene veinte prioridades por delante de la cooficialidad.

Si sortean el referéndum por miedo al resultado, se encontrarán con que la gente aprovechará las urnas autonómicas para “agradecer” la cooficialidad.