El presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos, insta a los partidos políticos a pactar el uso del bable en la Cámara. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avalaba el reglamento de la Junta donde se recoge la posibilidad de que todas las personas que hablen en la Cámara puedan utilizar el castellano o expresarse en la llingua asturiana. Ahora toca detallar cómo se canaliza ese derecho de diputados, consejeros de Gobierno, funcionarios y comparecientes, en general.

La sentencia del TC respalda el reglamento pero no pretende atar los cabos sueltos, que los hay. El más evidente es cómo se procede cuando un diputado afirma que no entiende a un interviniente que se acoge al derecho a hablar en bable. No se trata de una hipótesis de laboratorio, porque ya hubo algún diputado que tomó la palabra para decir que no entendía al orador que se expresaba a través del bable. Esta situación no se puede presentar con el castellano porque es lengua oficial y según señala el artículo 3.1 de la Constitución, “todos los españoles tienen el deber de conocerla”. La llingua no es oficial ni mucho menos es obligatorio su conocimiento. De manera informal ya hubo políticos que barajaron como solución dar el texto por escrito a los que ignoran el bable. Es un falso remedio, porque muchas intervenciones son forzosamente improvisadas (réplicas). Llegados a este punto no veo otra posibilidad que la de contratar traductores. No se puede jugar al bilingüismo sin traducción para los monolingües, que son la gran mayoría. Parece ser que esta solución no convence a algunos grupos que no quieren trasladar la imagen de que la implantación del bilingüismo en la Cámara conlleva  sobrecostes. Una vez más los políticos tratan de ocultar la realidad.

La Mesa de la Junta General del Principado elegirá la solución, una vez oída la junta de portavoces. A ver si nos aclaramos: la mayoría parlamentaria decide que la regulación del bable en la Cámara se tome entre cuatro partidos (PSOE, PP, Ciudadanos e IU), mientras los otros tres (Podemos, Foro y Vox) se quedan sin derecho a voto. Como si fuese un tema rutinario, como si se tratase de un asunto menor. Una cuestión polémica donde los haya, con la cooficialidad del bable como telón de fondo, no merece un debate plenario. La mayoría parlamentaria hurta el debate. No podían elegir peor camino el presidente de la Junta y su grupo parlamentario. Sin transparencia ni consenso, el bilingüismo va a ganar la primera batalla.