Desde el Principado se anuncia que se aprobarán “medidas contundentes” tras el estado de alarma si la situación lo requiere. Melania Álvarez, consejera portavoz, asegura que se adoptará el nivel 4+ porque “ha demostrado su validez y eficacia”. En definitiva, que el Gobierno asturiano se considera facultado para ordenar cierres de concejos sin la cobertura del estado de alarma.

A mí no me extraña ya nada porque a estas alturas de la  película lo único seguro es que no hay nada seguro. En principio, la suspensión de derechos, como la circulación, interrumpidos por cierres perimetrales y toques de queda, sólo se podían llevar a cabo estando en vigor el estado de alarma. De no ser así, para qué se decretaba el estado de alarma, si las medidas excepcionales las puede tomar cualquier comunidad autónoma de manera ordinaria. Un gobierno regional no podía obligar a los ciudadanos a quedar recluidos en su domicilio durante las horas de la noche. El Principado dice ahora que sí puede, aunque la propia Melania Álvarez reconoce que “está pendiente de aclarar si las comunidades autónomas puedan actuar con certeza jurídica”. Casi nada. El problema se plantea porque Pedro Sánchez incumplió la promesa de aprobar un marco jurídico que diera una amplia capacidad de disposición a los gobiernos cuando se dejara de prorrogar el estado de alarma; el 9 de mayo finaliza y no hay “plan b”.

El pasado verano, cuando se levantó el estado de alarma, los gobiernos regionales empezaron a dictar confinamientos con desigual fortuna, porque unas veces los validaban los jueces y otras no. Vamos a repetir la escena de la jaula de grillos, para que la gente no sepa nada y la puedan multar por todo. La cosa está así: aumentan los contagios y se relajan las medidas, pero aunque la situación empeore se levantará el estado de alarma y se aplicarán medidas contundentes. Como el agua cristalina.