Adrián Barbón advierte que el Principado continuará recurriendo a cierres de municipios al finalizar el estado de alarma. Cuando un presidente autonómico se arriesga a realizar una manifestación de este tipo es porque cuenta con el aval de los servicios jurídicos de la Administración. La única condición para llevar a cabo esos cierres es la de contar con la previa autorización judicial. Para los que no estamos versados en leyes, pero no renunciamos a la lógica, nos resulta inexplicable que sea ilegal el cierre de comunidades autónomas y legal el cierre de municipios. Paradoja: aunque Cataluña tuviese un incidencia acumulada de 1.500 infectados por cada 100.000 habitantes, nos encontraríamos con que un catalán podría entrar en Asturias y alojarse en el municipio que le venga en gana, pero los de Siero, con una incidencia acumulada mucho menor, no podrían tomar un café en Noreña.

Es difícil de aceptar que las leyes choquen de una manera tan burda con el sentido común aplicado a la defensa de la salud. Una situación similar se vivió el verano pasado cuando tras la última prórroga del estado de alarma nos instalamos en la “nueva normalidad”. En algunas comunidades se decretaron cierres y hubo jueces que los avalaron y otros que los anularon. Un sindiós. Justo, lo que menos necesita una población que se siente cansada, confundida y engañada.

El problema de la falta de soporte jurídico para tomar medidas que limiten derechos de los ciudadanos es producto de un incumplimiento de Pedro Sánchez. El presidente se comprometió a llevar al Congreso de los Diputados normas que permitiesen a los gobiernos restringir la capacidad de circulación de los ciudadanos para que no fuera necesario recurrir al estado de alarma. La pasada semana anunció el fin del periodo de excepcionalidad sin haber aprobado instrumentos para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas invasivas sobre algunos derechos de los españoles. Ni se atreve a recabar apoyos parlamentarios para prorrogar el estado de alarma ni da a los gobiernos regionales armas para gestionar la pandemia. Exceptuando el periodo del confinamiento domiciliario (primavera 2020), el Gobierno ha actuado con una frivolidad asombrosa en un periodo marcado por la emergencia sanitaria.  Cuando le interesa deja a las comunidades solas ante el problema, y cuando le parece bien se presenta como el gran conseguidor de millones de vacunas para los españoles aunque todo lo negocia y distribuye Bruselas.