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Juan Neira

LARGO DE CAFE

MIMAR AL FUNCIONARIO

El grupo parlamentario de Ciudadanos planteó que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tenga su sede en Avilés, al igual que el Consejo Consultivo está en Gijón o la Sindicatura de Cuentas en Oviedo. Una propuesta interesante que tiene el valor de compensar, en alguna medida, el ninguneo que sufre Avilés en la vida pública asturiana, siempre preterido ante los grandes focos de poder (Oviedo, Gijón y las cuencas mineras). La comunicación entre las tres principales ciudades asturianas es tan fluida que pueden verse como centros de una misma conurbación, así que la localización de las sedes institucionales en una u otra urbe no presenta dificultades. La racionalidad de la propuesta chocó con resistencias imprevistas.

El PSOE eligió para presidir la nueva institución a un funcionario de carrera, José Manuel Fernández, que prestó servicios como director general en más de una consejería de gobiernos socialistas. Al PP también le pareció bien el nombramiento. Ante los diputados, el ínclito calificó de “ocurrencia” la iniciativa de Ciudadanos y  aseguró que si la sede del Consejo de Transparencia se ubica en Avilés, “no iría” porque su esposa trabaja en Gijón, él en Oviedo, así que no podría practicar la conciliación familiar. Los funcionarios siempre fueron a trabajar a las instituciones, pero en Asturias tienen tanto poder que las sedes institucionales se acercan a  los domicilios de los funcionarios. No cuenta el beneficio que suponga para Avilés, porque el verdadero bien a proteger es la preferencia del personal de la institución que considera un engorro desplazarse a 28 kilómetros a diario. Muchos empleados de empresas privadas pasaron a trabajar de Oviedo a Avilés, o viceversa, de un día para otro. Y tan contentos de poder seguir desempeñando su labor en la empresa. La Administración pública asturiana se rige por otras reglas, como la semana laboral de 35 horas o el coste laboral medio anual de 51.500 euros por trabajador. Nuestro particular estado del bienestar es el bienestar del funcionariado.

La clase política es el primer valedor del estatus del empleado público. Fanjul (Ciudadanos) tomó la palabra para criticar a Fernández, pero Álvarez Pire (PP) terció en el debate para pedir a Fanjul que “no acosara” al ínclito. Ni corto ni perezoso, el portavoz del PP ofreció el apoyo de su partido a Fernández para ubicar el ente donde lo considerara más adecuado. Es difícil pronunciar una desfachatez mayor. Ideas para la reforma de Cofiño.

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por JUAN NEIRA

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