El Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, instar al Ministerio de Hacienda a que proponga un nuevo modelo de financiación autonómica antes de que finalice el año. La iniciativa fue pactada por Compromís con PSOE y Unidas Podemos. Ni que decir tiene que la propuesta iba acompañada de etiquetas ilusionantes: un modelo equitativo, solidario, que asegure la suficiencia financiera de los territorios y la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y bla, bla, bla.

Con el nivel de información que se les supone a los diputados no tienen derecho a realizar propuestas fantásticas. En primer lugar, no se dan las condiciones para pactar un nuevo modelo de financiación porque Cataluña está en rebeldía autonómica, y con ella fuera del acuerdo todos los cálculos de trasvase de recursos entre territorios resultan irreales. Cada nuevo modelo supone una mayor aportación de recursos por parte del Estado. En 2009 se pactó el actual modelo gracias a que el Gobierno de Zapatero puso 11.000 millones de euros encima de la mesa. Con una caída del PIB del 10,8%, el pasado año, y un déficit público del 10,1% sobre PIB, el Gobierno no está para alegrías. Ahora bien, como estamos en una época de políticos pícaros el Ejecutivo es capaz de echar mano de los fondos europeos para apuntalar el nuevo modelo de financiación autonómica. No quiero dar ideas a Iván Redondo, pero entre las veinte principales reformas que envía el Gobierno a Bruselas está la “modernización del sistema de salud”. Son capaces de insuflar dinero europeo para el gasto corriente de las autonomías bajo el argumento de la modernización. La sanidad es el mayor problema que tienen los gobiernos regionales para cuadrar las cuentas. Dinero en mano y se acabaron las quejas. María Jesús Montero, la ministra amiga de los alcaldes, declaró recientemente que espera presentar “en breve” la reforma del sistema de financiación. Atentos al dinero europeo que va a resolver muchas cuestiones domésticas.

Creo que Pedro Sánchez no tiene en mente aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, tal como los conocimos hasta ahora, sino llegar a acuerdos bilaterales con las autonomías, que esa es otra cosa. No nos podemos extrañar, Rajoy ya inició ese camino con el Fondo de Liquidez Autonómica. Cataluña y Valencia tienen deudas astronómicas que el Gobierno puede convertir en deudas del Estado. Y nosotros, infelices, pidiendo migajas a la Sepi para la industria.