El Gobierno asturiano aprueba hoy una modificación de la Ley de Salud para introducir el concepto de emergencia sanitaria con la idea de poder utilizarla a partir del 9 de mayo cuando cese el estado de alarma. Causa extrañeza que una ley autonómica pueda suplir el hueco dejado por el estado de alarma, pero a fuerza de voluntarismo y con la ayuda de un juez que valide las medidas a tomar, el Principado considera que pueda gestionar la situación si las cifras de la pandemia se disparan en algún municipio o en toda la región. Se va a gobernar según el criterio de los jueces.

Los gobiernos autonómicos improvisan ante la irresponsabilidad de Pedro Sánchez de levantar el estado de alarma sin haber introducido cambios en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. La oposición se lo pidió, repetidamente, en los debates parlamentarios para prorrogar el estado de alarma, pero el Gobierno dejó pasar el tiempo sin reformar la ley. En Moncloa están tan entregados al juego de las maniobras políticas que la iniciativa legislativa del Gobierno carece de pulso. A ello hay que añadir lo cómodo que es gobernar por la vía del decreto ley; para qué meterse en el farragoso trabajo de pelear las enmiendas al articulado con la mirada puesta en la aritmética del hemiciclo. Una tarea muy azarosa cuando se tienen tantos apoyos de carácter provisional que cualquier día te dejan en la estacada. Ni votaciones parlamentarias sobre la prórroga del estado de alarma ni modificaciones de la citada ley orgánica. Mejor aparentar normalidad para que el público no se percate de que se gobierna con un pie fuera del andamio.

La estrategia de Iván Redondo pasa por dejar a las comunidades autónomas solas luchando para no ahogarse ante las sucesivas olas de la pandemia, mientras el Gobierno se reserva la gloria del avance de la inmunidad sin poner un solo pinchazo.