Continúa la controversia sobre el uso del bable en la Junta General del Principado. Los portavoces fueron incapaces de llegar a un acuerdo y, ahora, el asunto tiene que ser debatido en la Mesa de la Cámara, de donde saldrá una propuesta sobre la que se posicionarán los diputados. El Tribunal Constitucional (TC) resolvió una anomalía, según la cual los diputados podían utilizar la llingua asturiana en sus intervenciones, pero los miembros del Gobierno no tenían derecho. El TC sancionó que cualquier interviniente en el Parlamento puede expresarse en bable. A partir de aquí vino el lío porque hay diputados que declaran no entender el asturiano y piden una solución. Los servicios jurídicos idearon una fórmula que al PSOE no le convenció y la cuestión está  en vía muerta. De las declaraciones de unos y otros se puede colegir que está muy lejos el acuerdo.

Los socialistas insisten en que se proporcione una copia en castellano a los diputados que desconozcan la llingua llariega; también proponen que el interviniente utilice el doble de tiempo para decir los mismo dos veces cambiando de lengua. El asunto está en remedar el teatro del absurdo de Ionesco. Daniel Ripa (Podemos) considera que todo el lío se debe al odio que siente Vox hacia las señas de identidad asturianas, y se niega en redondo a la traducción. Le faltó decir que el que no lo entienda que lo estudie. Ángela Vallina cree que el asunto está viciado porque hay dos grupos en contra de la “utilización de nuestra lengua”. ¿El castellano es lengua de los asturianos o un uso impuesto por el centralismo borbónico? Adrián Pumares (Foro), que en esta materia se alinea con la izquierda (las ventajas de ser centrista es que puedes bailar con todos hasta que te quedas fuera del Parlamento), también le echa la culpa a Vox: “es un problema de intolerancia”. Sergio García (Ciudadanos) no quiere que haya intervenciones dobladas en dos lenguas. Fernández Hurlé (PP) culpa a los radicales del follón y rechaza que el bilingüismo traiga gastos aparejados. Ignacio Blanco (Vox) piensa lo mismo: nada de gastos extras.

No cabe ofrecer una intervención por escrito en castellano porque las réplicas parlamentarias se improvisan. Reconocido por el TC el derecho a utilizar el bable, sólo hay una solución para los que no entiendan esa lengua: traducción simultánea, con la consiguiente contratación de traductores. Tiene una virtud añadida, al anticipar a pequeña escala los sobrecostes que llevará aparejados la cooficialidad.