El Principado anuncia que si la transmisión del virus remite, los contratos realizados en sanidad y educación para hacer frente a la pandemia no se prorrogarán. La presión hospitalaria, por un lado, y la necesidad de organizar clases con menos alumnos, por el otro, dieron paso a que el Gobierno regional incorporara a 2.700 sanitarios y enseñantes. La decisión parece lógica: si finaliza la situación excepcional dejan de tener sentido las contrataciones extraordinarias. Se puede explicar todavía de una forma más rotunda: el pasado año, Pedro Sánchez transfirió a Asturias 280 millones de euros del fondo Covid para sanidad, educación y reactivación económica, y este año no tiene previsto volver a traspasar dinero. Aunque todo parece claro, vamos a verlo en perspectiva.

En el Gobierno de España, tanto PSOE como Podemos, dijeron repetidamente que la pandemia había mostrado las debilidades de los servicios esenciales, así que pensando en el futuro había que reforzarlos. La Unión Europea acordó una operación de endeudamiento de unas dimensiones formidables. Producto de ella le tocan 140.000 millones a España. La mitad de esa cantidad, 70.000 millones, se invertirán en los dos próximos años. Hay dinero para el coche eléctrico (13.200 millones), para rehabilitar viviendas (6.820 millones), para modernizar la Administración, convirtiendo interinos en fijos (4.315 millones), para la economía circular (3.780 millones), para cuidados familiares (2.492 millones) y así una larga lista de capítulos. Pese a la abundancia del dinero, la renovación y modernización del sistema sanitario tiene sólo asignados 1.069 millones. La educación no aparece, como tal, pero hay 2.076 millones para la Formación Profesional, y  algunos millones le tocarán de los 3.880 reservados para ciencia e innovación. Sanidad y educación son las parientes pobres del plan español.

En Italia, el presidente del Gobierno, Mario Draghi, el hombre que salvó de la ruina, desde su despacho del Banco Central Europeo, a los países del sur de Europa en la crisis de 2008, destina 18.500 millones a la sanidad y 31.900 millones a la educación (76.000 profesores de Primaria, 152.000 plazas de guardería). Sin embargo, a cambiar las ventanas de las viviendas no dedicó ningún capítulo. Aquí lo confundimos todo, y metemos en el mismo apartado la burocracia de la Administración que está ahogando a la actividad productiva, con los servicios que son la garantía del futuro.