Iniciamos la noche del sábado (primeras horas del domingo) una etapa distinta en la larga convivencia con el virus. Finaliza el estado de alarma y las ganas de disfrutar, de recuperar el tiempo perdido, no tendrán barreras. El presidente del Gobierno, contra el sentir de muchos presidentes autonómicos, no quiso prorrogar el paréntesis de excepcionalidad ni tampoco aceptó la petición que le hizo la oposición, el otoño pasado, de modificar la Ley Orgánica de la Sanidad para poder tomar medidas restrictivas sobre la movilidad de los ciudadanos. Pedro Sánchez no explicó su empeño en no prorrogar ni un día más el estado de alarma ni su escaso interés por modificar la legislación positiva. En el pasado mes de junio le pasó la patata caliente a las comunidades autónomas y ahora las deja sin instrumentos para realizar el necesario control social. La razón de su proceder es un misterio.

La posibilidad de tomar medidas restrictivas queda en manos de los jueces que decidirán sobre la legalidad de las políticas que propugnen los gobiernos regionales. Iniciamos un experimento original: el gobierno de los jueces. A partir de aquí nos llevaremos sorpresas y ninguna positiva. En Valencia y Baleares, los togados han dado el visto bueno a las restricciones a la movilidad nocturna, las reuniones sociales y la asistencia a los lugares de culto. En el País Vasco han rechazado la posibilidad de mantener el toque de queda y los cierres perimetrales, tanto sean de toda la comunidad autónoma, como de ciudades y villas aisladas. La ley es la misma, pero la interpretación es totalmente opuesta. No llegamos al domingo y el carajal ya está organizado. Los más perjudicados con la inhibición del presidente del Gobierno son los propios jueces.

Como norma general podemos anticipar que los controles, aun cuando sean apoyados por los tribunales, se van a relajar. El resultado ya lo conocemos porque tenemos una experiencia acumulada de 14 meses: la curva de contagios subirá. No volveremos a los peores escenarios del pasado, pero no nos saldrá gratis el abandono de la política preventiva. Las vacunas impedirán que repitamos el balance del trágico mes de noviembre, con 1.000 muertos en Asturias, pero las cohortes de edad más numerosas –entre los 30 y 60 años- llegan a esta liberalización acelerada de costumbres sin haber alcanzado la inmunidad. Le tendremos que agradecer a Pedro Sánchez este ejercicio de irresponsabilidad. Sólo falta que repita la frase: “hemos vencido al virus”.