Hay un extraño consenso en contra de la figura del funcionario interino. La Comisión Europea censura al Gobierno de Sánchez por el alto índice de interinidad en la función pública española. El Gobierno y las autonomías trazan planes para reducir la temporalidad con un ahínco que no dedican a luchar contra el paro. En cada región se fijan objetivos para rebajar, como sea, el número de contratos temporales. En Asturias, mismamente, el vicepresidente Cofiño da los primeros pasos de la reforma de la Administración regional enviando interinos al paro y sacando a oposición las plazas que ocupaban para que sean desempeñadas por funcionarios de carrera, que es así como se llama cuando un ciudadano se casa con la Administración de por vida.

Si dejamos a un lado a los trabajadores de la educación y la sanidad, nos encontramos con que en el Principado hay 2.700 interinos. La idea del vicepresidente es sustituir, progresivamente, los empleos interinos por fijos o indefinidos, que bien podríamos llamar empleos vitalicios. En la primera tanda, 60 auxiliares y administrativos se fueron al paro; algunos llevaban 20 años trabajando en la misma mesa, aunque accedieron al empleo con la consideración de interinos. El disgusto personal es enorme, ya que cuando estás veinte años en el mismo puesto la conciencia de temporalidad se difumina. Ahora bien, todo el mundo -Gobierno, oposición, sindicatos, funcionarios fijos, interinos y público- quiere que se acabe con la temporalidad. Sin embargo, cuando el Principado da los primeros pasos el resto de agentes lo denuesta. ¿Cómo se puede querer y rechazar la misma cosa?

La respuesta nos la da la Junta General del Principado que instó al Gobierno de Adrián Barbón a parar el proceso de despidos con el objeto de estudiar soluciones para los interinos en situación de fraude. Es decir, el Parlamento quiere acabar con un hipotético fraude consumando otro fraude, porque la ley no admite apaños: se accede a ocupar las plazas de forma indefinida ganando el puesto por oposición. Lo mismo cabe decir de los agentes sociales que proponen aumentar los puntos por experiencia o realizar exámenes más fáciles. Todos quieren acabar con la  figura de los interinos convirtiendo a los actuales temporales en fijos. La gente de 30 o 40 años que está en paro y desea trabajar de funcionario que se ponga a la cola a esperar. Digámoslo ya: la Administración solo responderá a los intereses de la ciudadanía cuando se haya abolido el concepto de plaza fija.