Como la investigación judicial del “caso Hulla” avanza, Manuel Sastre, arquitecto del geriátrico de Felechosa, la grandiosa obra de José Ángel Fernández Villa (dejo a un lado el campus de Mieres, su verdadera pirámide), aportó decenas de correos a la juez que instruye el sumario donde se evidencia que toda la actuación fue ilegal, desde el concurso de adjudicación a la empresa constructora, Alcedo de los Caballeros, hasta el inicio de las obras sin licencia. La construcción fue un encargo del Montepío de la Minería, que estaba presidido por el dirigente del Soma, José Antonio Postigo (mano derecha de Villa), y recibió más de 30 millones de euros de los fondos mineros con los que se pudieron financiar los cuantiosos sobrecostes. La investigación abierta sobre la amnistía fiscal, a la que se acogieron Villa y Postigo, llevó a poner el ojo en la actuación del geriátrico. Junto a los dos dirigentes mineros hay más de una docena de imputados, entre ellos el arquitecto, Manuel Sastre.

Los tiempos de la política y la justicia no coinciden. Para la sociedad asturiana el desmadre del lujoso geriátrico es asunto del pasado. Sus protagonistas carecen de crédito social, y en el caso de Villa hay que añadir que ya fue condenado a prisión en otra causa abierta por el manejo de los dineros del Soma. Cuando surgió la noticia de que se había acogido a una amnistía fiscal (8 de octubre de 2014) los máximos dirigentes de la FSA mostraron su consternación, pero ahora todo eso está ya digerido. Se avanza en el sumario del “caso Hulla” cuando en Asturias hace años que no se extrae hulla. Es obligado completar el sumario, cerrarlo, y proceder a la apertura del juicio oral, pero los hechos que se juzgan pertenecen más a la memoria histórica que al presente.

Lo que más me llama la atención es que la justicia continúa sus trabajos, la sociedad da todo por sentenciado (el carismático secretario general solo tiene el respaldo de su familia) y, sin embargo, la gestión global de los fondos mineros, pese a haber sido sometida a investigación parlamentaria, continúa siendo un arcano. No hubo otro caso igual en Asturias de uso masivo de recursos públicos sin obtener apenas provecho. Lo mismo se puede decir de la nula implicación de la clase política en la gestión. Una cuestión en la que estaba implicado el Instituto del Carbón, más de una docena de ayuntamientos y dos gobiernos (central y regional) queda reducida a chorizadas sindicales. Menos mal que ahora nos vamos a dedicar al hidrógeno.