Levantado el estado de alarma se recuperan los hábitos perdidos. En esa vuelta a la normalidad ha saltado la controversia por la asistencia sanitaria en los centros de Atención Primaria.

Durante las fases más duras de la pandemia hemos sufrido todos, empezando, por supuesto, por los profesionales de la sanidad que ejercieron de soldados en la guerra contra el virus, contrayendo riesgos para su salud, con jornadas de trabajo maratonianas y atrapados por las incertidumbres de una situación que les era tan desconocida como al resto. Los ciudadanos han dado muestras inequívocas de gratitud, siendo la ovación diaria a las 20 horas la más evidente.

Sin bata blanca, la gente, los peatones de la historia, también sufrieron, porque junto a las privaciones de las épocas de confinamiento vieron alterada su relación con los servicios de salud. Se pasaron enfermedades en casa por miedo a molestar, porque estaba la puerta cerrada, por ignorancia, por lo que sea, y entre la cifra total de fallecimientos por encima lo esperado hay un número indeterminado que no fue por Covid, sino por haberse demorado la asistencia médica o por inasistencia.

Esas son, por desgracia, las consecuencias de vivir situaciones negativas extraordinarias. La recuperación gradual de la atención presencial ha suscitado opiniones dispares. La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón quiere restablecer la asistencia anterior a la crisis sanitaria, y algunos médicos dicen que “no podemos volver a modelos que demostraron ser erróneos y que no daban más de sí”.

SESPA

En estas estábamos cuando la dirigencia del Sespa sacó una instrucción detallada y minutada de cómo debe ser la atención que parece ideada para una cadena de montaje.

¿Cómo se puede decir que se va atender a 43 pacientes cada día o qué habrá 18 consultas presenciales de 8 minutos, 3 por citación del profesional sanitario y 15 tras pasar el filtro del “call center”? ¿Es esta la mejor forma de liderar una tarea colectiva de profesionales cualificados?

A todo esto, y para que no haya equívocos, el “call center” es un administrativo al otro lado del teléfono. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que la recuperación de la normalidad debería pasar por una negociación entre todos los agentes: Sespa, personal sanitario y usuarios.

Si se quiere evitar conflictos, primero se negocia; ya habrá tiempo de imponer pautas de forma unilateral en caso de que fracase la negociación. Vista la superficie del problema, vamos con lo que hay debajo. Si la recuperación gradual de la asistencia presencial es por razones de política preventiva ante el virus no hay nada que objetar.

ABARATAR

Otra cosa diferente es si el staff del Sespa y los que están por encima del staff del Sespa consideran que el filtro organizado por la pandemia es una oportunidad de oro para reducir el coste de la asistencia dificultando la accesibilidad de los usuarios a su médico.

Hay todo un terreno abonado en la sanidad con la preponderancia del discurso gerencial sobre el sanitario, que tiene como máxima el ahorro de recursos.

Una actuación 100% presencial es más cara que la teleasisitencia porque se puede hacer con menos personal al entrar en juego el triaje.

Otra cosa distinta es la calidad de la medicina que se hace a distancia. El otro día el diputado Adrián Pumares hablaba de la imposibilidad de pasar una ITV por teléfono. Una comparación generosa si pensamos que las enfermedades son más complicadas que las averías.

A reducir la asistencia presencial colabora la preocupación por el déficit de médicos. Si uno compara España con los grandes países europeos, nos encontramos con que tal déficit no existe. Según la OCDE, España tiene 4 médicos por cada 1.000 habitantes; Alemania, 4,3; Francia, 3,2; Italia, 4

El verdadero déficit está en las enfermeras; andamos por el 50% de la media de la OCDE. Si el número de médicos es insuficiente el remedio es aumentar las plazas MIR.

Hay otros datos preocupantes, como por ejemplo, que en el Programa de Estabilidad 2021-2024, enviado a Bruselas, se abandona el objetivo de acabar la legislatura con un gasto sanitario equivalente al 7% del PIB. Se propone dedicar 11.000 millones de euros menos.

De los 70.000 millones de fondos europeos (2021-2023) sólo irán 1.069 millones a la sanidad; precisamente con el dinero de los fondos se pretendía cubrir la mejora de la Atención Primaria. Tanto decir que la pandemia había demostrado que se necesitaba gastar más en sanidad, y  antes de que el virus se vaya hay cambio de prioridades.

FRASE

En medio del debate, para convencernos de las bondades de la medicina a distancia, la gerente del Sespa, Inmaculada Saavedra, dejó una frase para la posteridad: la asistencia no presencial seguirá aumentado porque “la gente joven prefiere ese sistema”.

Llegamos al fondo de la cuestión. La atención presencial es irrenunciable. Es un derecho básico de los ciudadanos que costean con sus impuestos la sanidad. La presencialidad no es un favor, no es algo que pueda denegar el médico, la presencialidad no requiere de dictámenes previos, no puede quedar obstaculizada por ningún “call center”.

La presencialidad es imprescindible para un diagnóstico fiable. Cuando una persona, joven o vieja, se siente mal lo que más desea es ser auscultada por el médico.

Ojo, señores del Gobierno, si la asistencia presencial se reduce el estado del bienestar asturiano se degrada.