Juan Cofiño adelantó que la próxima década se van a jubilar 20.000 funcionarios,  la mitad de la actual plantilla del Principado. Si la relación de puestos de trabajo fuera la idónea y el Gobierno regional no necesitara endeudarse para pagar el gasto corriente (nóminas), se procedería a contratar a tantas personas como los que se jubilan. Como ninguno de los dos supuestos se verifica, el Ejecutivo tiene la oportunidad de adecuar la plantilla a las necesidades reales y de generar ahorro. Ninguno de los dos objetivos es sencillo, pero tampoco requiere de un esfuerzo heroico porque no se manda a nadie al paro. Como decían los sindicalistas, durante la reconversión industrial de los años ochenta del siglo XX, “no aceptaremos recortes traumáticos”. Pues eso, adecuar la plantilla no conlleva trauma.

El discurso de Cofiño suena bien. Acierta cuando habla de transformar la Administración para que haya flexibilidad y movilidad. Propone incorporar los conceptos retributivos del sector privado al público incluyendo complementos variables en función del cumplimiento de objetivos. Ahora bien, todo esto lo hemos oído antes a responsables de distintas administraciones públicas sin que al final lograran frenar la tendencia al gasto creciente. Hay que dar un paso más y decir que se necesita gastar menos porque el exceso de gasto genera deuda y la deuda provoca pobreza a medio plazo. No tiene sentido crear sociedades o empresas públicas para hacer cosas que puede hacer la Administración general. Así ganó sobrepeso el Principado en el siglo XXI. Es absurdo que con más juristas que nunca en la Administración, los juicios se encarguen a bufetes ajenos. Más claro: la reforma de la Administración tiene que ir unida a un cambio en la financiación. Creer que se puede tener una Administración eficiente (mantra por excelencia) acumulando deuda es pura antinomia.