El Principado no va a renovar contrato a los 754 profesores que se incorporaron este curso con motivo de la pandemia para poder desdoblar aulas, desarrollar grupos internivel, etc. La portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, justificó la medida porque “mantener ese esfuerzo es insostenible”. La contratación fue posible porque el Gobierno central transfirió 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas para gastos extraordinarios en  educación. Asturias recibió 34,5 millones. Para el próximo curso no habrá traspaso de dinero, pero la ministra de Educación, Isabel Celaá, declaró que los gobiernos autonómicos “deben comprometerse a mantener los recursos de refuerzo”. Traducción: no doy dinero, pero tú sigues pagando las nóminas como si te lo diera. Así habla un ministro/a, claro que sí. Esta señora ya nos decepcionó la primavera pasada cuanto tuvo que gestionar el cierre de las aulas y la improvisada finalización de curso, demostrando una falta de liderazgo desoladora, zarandeada por el curso de los acontecimientos.  Resulta pasmoso que el Gobierno cierre el grifo a colegios y escuelas y, a la vez, el presidente Sánchez presente un plan de modernización con la vista puesta en el año 2050 que tiene como motor de progreso la mejora en la educación. Quiere que España avance veinte puntos en el Informe Pisa. A saltos de cangrejo.

La inhibición del Gobierno central tendrá consecuencias negativas en niños y adolescentes, que llegarán a septiembre tras un curso truncado y otro afectado por cierres de aulas y cuarentenas. Aunque hay consenso en mirar para otro lado el aprendizaje se resiente. Una evaluación rigurosa mostraría que la actividad de refuerzo es necesaria para muchos alumnos. La reforma de la Administración que impulsa el Principado debe tenerlo en cuenta: hay que ahorrar en burocracia para reforzar los servicios públicos.