El sumario abierto por acusación de apropiación indebida de Álvarez-Cascos de los fondos del partido está a punto de finalizar. La magistrada que instruye el caso da diez días al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que eleven escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Situado el momento procesal, vamos a opinar, como siempre, desde una perspectiva puramente política o social.

El asunto es bien conocido y ha causado escándalo entre la opinión pública, pese a que Cascos está ya prácticamente retirado de la actividad política. Al ciudadano medio le impresiona mucho más que un político se compre unos zapatos o unos juegos de videoconsola para sus hijos con dinero del partido, que se lleve una comisión al adjudicar una obra ocupando el cargo de alcalde, consejero o ministro. Aunque todo el mundo está familiarizado con el dinero, por su uso diario, parece que es una abstracción al lado de la fuerza de los objetos concretos. Recuerden el “affaire” de las tarjetas black de Bankia, en que la cima del morbo estaba en un pobre incauto que había comprado lencería por valor de 246 euros. Sin embargo, es mucho más nítido el delito del político comisionista que el del político que carga gastos de forma indebida. A cualquier periodista, a lo largo de su trayectoria profesional, le invitaron diez, veinte o cincuenta veces a comer distintos cargos públicos para hablar de política. También invitan a empresarios, economistas, abogados, escritores, sindicalistas, etc. La inmensa mayoría de las veces los gastos se imputan a la cuenta de la institución. En ocasiones se juntan muchas personas a la comida, y el pago también se hace por vía institucional. ¿Comida de trabajo, interesada relación con profesionales o el simple gusto por pasarlo bien con gente encantadora? Los gastos de representación son muy elásticos. Constituyen un cajón de sastre que alberga más o menos mercancía según sea de austero o manirroto el político de turno. La institución (ayuntamiento, comunidad autónoma o Estado) lo aguanta todo.

Un buen ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con los gastos que cargó Cascos a la arcas de Foro. La dirección del partido considera que globalmente la organización quedó lesionada en 1,8 millones de euros, pero el Ministerio Fiscal cifra el presunto delito en 5.555 euros. Dos formas de valorar. No sé si varían las calificaciones penales, pero la percepción ciudadana es muy distinta. Si yo fuera el acusado llegaría al juicio con la moral alta.