A la espera de que el Ministerio de Justicia eleve los informes preceptivos al Consejo de Ministros, el indulto para los doce condenados del “procés” está decidido. El Gobierno ha denominado el cumplimiento de la sentencia como “venganza”, y la concesión de libertad para los sediciosos de acto de “concordia y reconciliación”.

El golpe para el poder judicial es demoledor, ya que convierte la sentencia del Tribunal Supremo y su informe,  rechazando el  indulto,  en obstáculos para la convivencia.

INDULTO

Los penados quedan blanqueados por el Gobierno, aunque exigen amnistía para borrar sus tropelías. El indulto supone reescribir la historia de los dramáticos sucesos del otoño de 2017 en Cataluña reservando para fiscales y jueces el papel de agentes regresivos que apreciaron conductas delictivas donde no hubo más que una sana petición de democracia plena.

El mentís al Tribunal Supremo tendrá efectos en Europa. Está pendiente la entrega a España de los exconsejeros catalanes huidos de la Justicia. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impide la devolución ya no tendrá trabas Puigdemont para vestirse de Tarradellas.

Desde la perspectiva del juego de fuerzas en el tablero de la política española el indulto es la respuesta al 4-M. La victoria de Ayuso concretó el anhelo de la derecha de obtener mayorías parlamentarias naturales entre fuerzas afines (PP y Vox).

Como las elecciones en Madrid eran un simulacro de elecciones generales (por eso se emplearon a fondo Sánchez e Iglesias), las encuestas recogen ahora mayorías naturales de la derecha en Murcia o Andalucía. También hubo sondeos solventes, como el realizado por GAD3 para los periódicos de Vocento, publicado el pasado 23 de mayo, donde la derecha (PP y Vox) obtendría mayoría absoluta con 178 diputados en caso de celebrarse elecciones generales.

El indulto responde a la necesidad de fortalecer la alianza con los nacionalistas, de hacer más sólida la “mayoría de la censura”, que luego se convirtió en mayoría electoral en abril y noviembre de 2019. Tomando prestada la expresión de Ayuso, los independentistas “le deben una” a Pedro Sánchez tras el indulto.

El Gobierno afirma que el indulto reabre el diálogo con Cataluña, pero nada indica que vaya a ser fructífero dadas las posiciones maximalistas (amnistía y autodeterminación) de las que parten los independentistas. Junqueras dice otras cosas, pero ERC está atada a la lógica del Gobierno de coalición en la Generalitat.

BLOQUES

Desde el entorno de la Moncloa permiten leer entre líneas “el indulto ayuda a resolver el problema”. Exacto. El problema es la imposibilidad de retener la mayoría parlamentaria en el Congreso de Diputados si siguen presos los cabecillas de la revuelta.

Mientras la derecha se autoconvoca en la plaza de Colón para expresar la dignidad ciudadana ante la indignidad del indulto, las minorías nacionalistas se acomodan en la alianza con el “sanchismo”.

Los nacionalistas ejercieron durante décadas el provechoso papel de grupos bisagra, ordeñando los presupuestos del Estado con gobiernos del PSOE y del PP. No les importaba la ideología del Gobierno de Madrid, sólo les interesaba el dinero que gestionaba.

Sin embargo, tras el choque en Cataluña entre el Gobierno de Rajoy y los independentistas se han ido alejando de la derecha y reducen la posibilidad de pactos a la izquierda (PSOE y Unidas Podemos).

En futuras elecciones habrá dos bloques aspirando al poder, la mayoría natural de la derecha y la alianza entre la izquierda y los nacionalistas.

El pacto entre izquierda y nacionalismo no tendrá solo virtualidad electoral sino que tenderá a reflejarse en actos concretos del actual Gobierno. El indulto es el primero.

Las alianzas de Sánchez, su modus operandi, crea problemas en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE donde no hay veleidades nacionalistas.

Los presidentes Lambán (Aragón), García-Page (Castilla-La Mancha) y Vara (Extremadura) se han manifestado en contra del indulto y les disgustan los acuerdos con los independentistas.

BARBÓN

En la misma situación está Adrián Barbón en Asturias, aunque sus críticas al nacionalismo han sido muy ligeras. Para entenderlo hay que recordar que la FSA ha sido un puntal en el retorno de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

Este es a grosso modo el escenario en el que hay que moverse. A Barbón le conviene realizar política centrista, que no consiste sólo en exponer un discurso moderado, sino en potenciar las políticas de amplio espectro que permiten tender puentes con grupos sociales que no les gusta ver al nacionalismo elevado a la condición de socio estratégico de Sánchez. Con otras palabras, “sanchista”, sí, pero en versión asturiana: sin identitarismos y con tantos amigos como alcaldes.

Se hace política para todos cuando se vigila la presencialidad en la atención primaria, cuando se hacen planteamientos socio-educativos potentes pensando en la natalidad y las necesidades de las familias, cuando no se suben los impuestos, cuando la Administración deja de ser un muro infranqueable, cuando no se ubican estaciones de ITV donde irritan a la gente, cuando se permite a los ayuntamientos remodelar sus propios equipamientos.

Una política de amplio espectro que aplace la reforma del Estatuto de Autonomía para el mandato en que presida el Principado una mujer de Podemos.