Terminamos la semana de los indultos. Cuando estamos en los estertores de la discusión sobre la justicia o la villanía de concederlos, procede analizar las consecuencias que tienen en la política española y en la asturiana.

Todos los gobiernos aspiran a agotar sus mandatos, pero en el caso del presidido por Pedro Sánchez el deseo se convierte en necesidad: gestionar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que se tienen que gastar, obligatoriamente, en el bienio, 2021-2023, es clave para poder sacar un buen resultado electoral en el otoño de 2023 y liderar una mayoría parlamentaria confortable.

El maná de los fondos es una ocasión única para aumentar el PIB y crear empleo. Para llevar a cabo la operación sólo se precisa de dos años y medio de estabilidad parlamentaria, un objetivo al alcance de la mano si se estrechan relaciones con ERC y el PNV.

También hay que contar con otros partidos, como Bildu o JxCat, pero la solidez a la mayoría parlamentaria se la darán       ERC y PNV, partidos donde militan los presidentes de Cataluña y País Vasco.

Sin proclamarlo, los socialistas ya encararon las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero con el objetivo de converger con ERC después de pasar por las urnas. El resultado logrado por la candidatura de Salvador Illa fue excelente y habilitaba la entente con ERC y Podemos, pero el partido de Junqueras no estaba en condiciones de plasmar esa alianza por el miedo a que la Cataluña nacionalista se fuera en masa con Puigdemont.

CARA Y CRUZ

En el debate político español y europeo no opera la etiqueta de “traidor”, pero en Cataluña hay pánico cerval entre los independentistas a ser tachados de “botifler”. Desde Lacan, el temor no deja de ser la expresión de un deseo reprimido.

Un pacto transversal en Cataluña (los socialistas apoyando a Pére Aragonés) sería la cruz de una moneda cuya cara vendría representada por la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con ERC respaldando a Pedro Sánchez.

Ese es el objetivo estratégico de Sánchez, al que va a orientar la supuesta solución a la crisis catalana, cuya negociación empezará antes de las vacaciones.

Hay un precedente que funciona a la perfección, el Gobierno de coalición entre PNV y PSE en Vitoria. Los socialistas vascos no levantan la voz, se limitan a respaldar a Urkullu y de esa forma encauzan la actuación del PNV en Madrid. Para llegar a pactos más ambiciosos es fundamental compartir intereses a corto plazo.

DEBERES

Tomándose la libertad de hablar en nombre del País Vasco y Cataluña, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, anticipó esta semana cuáles son los deberes de Pedro Sánchez para el tiempo que resta de mandato: reconocer el título de nación a las dos regiones, establecer la bilateralidad en las relaciones entre el Estado y las dos comunidades, y crear un sistema de garantías de modo que los conflictos se resuelvan siempre por la vía de la negociación entre iguales sin que el Estado tenga la última palabra.

Los independentistas catalanes, eufóricos tras dejar la sentencia del Tribunal Supremo en papel mojado, sólo corean amnistía y autodeterminación, pero entre festejo y festejo ya han dejado caer que el pacto fiscal es básico.

En otras palabras quieren gozar de los privilegios de la Hacienda vasca, quedándose con toda la recaudación fiscal y pagando un cupo anual por las competencias que gestiona el Estado en Cataluña. Como ya han demostrado diversos hacendistas el sistema supone para el Gobierno vasco, a día de hoy, quedarse con 2.500 millones de euros que no le corresponden.

Desconozco cuántas concesiones hará Pedro Sánchez a los nacionalistas, pero la alianza se hará a partir de ese guión o no se hará.

El Principado no puede mirar para otro lado. No digo que Adrián Barbón tenga que escenificar esas simplezas que le exige la oposición: viaje urgente a Madrid, coger por las solapas al primer ministro socialista que se cruce y dejar un par de amenazas firmadas para el inquilino de la Moncloa. Todavía no han pedido la huelga de hambre, como aquella que hizo Escudero cuando la actual oposición asturiana jugaba al cascayu.

Ahora bien, las consecuencias territoriales de la entente con los partidos nacionalistas son tan desfavorables para los intereses asturianos que hay que anticiparse a las medidas adversas. Los fondos europeos constituyen el primer elemento de preocupación; las aspiraciones no se agotan en la cofinanciación estatal de las inversiones de Arcelor en las dos plantas de la región.

La industria asturiana es más que Arcelor y la problemática asturiana desborda los límites del sector industrial.

NOROESTE   

Hay dos aspectos que exigen de estudio y estrategia: la financiación autonómica, o el sucedáneo que aplique Pedro Sánchez para repartir los recursos, y los ejes de fuerza espaciales.

Y por fin llegamos al meollo de la cuestión: no sólo Sánchez necesita aliados, Asturias también precisa de ellos.

Con Feijóo, Revilla y Mañueco debe formar entente Barbón. Estuvo muy bien la cita cántabra en torno al Camino de Santiago, pero toca entrar en temas de fondo, como la financiación territorial (comparten el envejecimiento y la despoblación), y la marginación del noroeste de las rutas de la riqueza. En esa liga debe hacerse fuerte Barbón, frente al vector del nacionalismo.