Desde que en España hubo un embrión de Estado moderno, al finalizar la primera guerra carlista, la gente siempre receló de la Administración pública. Predominó la sensación de que al funcionariado y a sus jefes (los políticos) les importaban un comino los intereses de los ciudadanos. Por eso creían recibir un trato desconsiderado que se concretaba en la ventanilla ante la que hacía cola el público para realizar todo tipo de trámites. Hay literatura abundante sobre ello, con sus estereotipos, hasta constituir un género en sí mismo dentro del costumbrismo.

Casi dos siglos más tarde, la situación ha cambiado mucho, pero curiosamente la Administración no sólo es causa de insatisfacción entre la gente sino que se ha convertido en un obstáculo de primer orden para la actividad económica. En el Principado, tras el famoso “caso Renedo”, las cosas se han agravado. Un caso flagrante de corrupción no ha servido para mejorar la Administración, sino para aumentar el marasmo. Los trámites burocráticos se eternizan. Los enterados dicen que todo se debe a que los jefes de servicio andan con pies de plomo. Otros aseguran que la lentitud revela falta de liderazgo de los gobiernos. Lo cierto es que, por ejemplo, se ha diseñado un urbanismo imposible de gestionar y que la construcción, teórico motor de empleo, se encuentra gripado porque no recibe autorizaciones y permisos en el tiempo esperado, y los estudios informativos, estudios de impacto ambiental, impacto estructural, etcétera, se prolongan tanto como los legajos registrados en el Tribunal Constitucional.

El Principado tramita el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas Urgentes que trata de simplificar los procedimientos burocráticos para agilizar la actividad económica. El día que se empiece aplicar podremos comprobar si es eficaz para el objetivo que persigue. Puestos a ayudar a la actividad económica, y sin salir del ejemplo de la construcción, el Principado debería tratar a las empresas de otras comunidades autónomas, igual que ellas tratan a las nuestras cuando participan en concursos y subastas en sus territorios. Ya sé que se mejoró con respecto a la época del pasotismo oficial, pero queda trecho de mejora. La reforma de la Administración del Principado avanza con lentitud al cumplirse un año del anuncio. Un día llegará el momento de evaluar su tamaño, causa de la alta factura que pagamos los contribuyentes por ella. A día de hoy la Administración es lenta, obstruccionista y cara.