Adrián Barbón dijo que las instituciones asturianas van a hacer una “reforma puntual” del Estatuto de Autonomía. Una operación que justificó por razones de demanda social y por compromisos con la sociedad; todo el mundo entendió que estaba aludiendo, en el segundo caso, a la oficialidad de la llingua y de la fala del occidente.

Introducir modificaciones en la norma que regula el sistema de autogobierno de una comunidad autónoma es algo que no puede responder a razones coyunturales o a motivos partidistas. Lo más sensato es que esté basada en una petición mayoritaria de la sociedad o que introduzca claras mejoras en el funcionamiento de las instituciones. Si hiciéramos una lista sobre los principales problemas de Asturias nos encontraríamos con que ninguno de ellos se resuelve reformando el Estatuto. Si preguntáramos por la calle qué cosas debe hacer el Principado veríamos que nadie citaría la reforma estatutaria. Ahora bien, si la lista de problemas la hacen los miembros de la Junta General del Principado nos encontraríamos con que la revisión estatuaria está entre sus principales preocupaciones. Hay una región que clama por cuestiones contra la carestía energética, el jaque mate que pretende dar una vicepresidenta a la industria asturiana, la falta de empleo o los daños que causan la fauna salvaje al ganado, mientras que la élite política, sin rehuir estos asuntos, tiene su propia jerarquía de prioridades, entre las que está introducir un sistema oficial de trilingüismo (castellano, llingua, fala) al que se siente ajeno una inmensa mayoría de los asturianos. Ese es el verdadero motivo de proceder a introducir cambios en el Estatuto. Yo lo entendería si los asturianos no tuvieran derecho a expresarse en bable, pero no hay una sola situación administrativa o social que impida a cualquiera utilizar, oralmente o por escrito, la lengua vernácula; sólo se exige un doble requisito: conocerla y desear usarla. Si la gente no la utiliza no es por una insuficiencia estatutaria.

El PSOE asturiano es, sin duda, el partido más integrado en el territorio, como lo prueba el hecho de que sea el único que tiene siempre alrededor de cincuenta alcaldes, mientras que el resto no pasa de diez; siempre apostó por mantener el actual estatus lingüístico. Para cambiarlo debería promover un amplio debate social, no a un acuerdo con partidos minúsculos en trance de desaparición. No convirtamos al Estatuto en un texto que cambia en función de mayorías parlamentarias.