Melania Álvarez, consejera portavoz del Gobierno asturiano, ha hecho algunas referencias a la ley del empleo público: “introduce cambios de calado”, “el recorrido no será breve ni fácil”, “(el Gobierno) tiene voluntad de diálogo”, “el borrador es fruto de un grupo de expertos tan prestigioso como plural”. En resumen, nada nuevo que no supiéramos después de leer EL COMERCIO durante toda la semana.

El Gobierno tendrá dos clases de interlocutores, sindicalistas y diputados. Los primeros tienen sus típicas preocupaciones: ¿qué va a pasar con los auxiliares administrativos? ¿Por qué sólo va a tener complemento de productividad la elite del funcionariado?  En cuanto a los seis grupos de la oposición, las primeras reacciones son un tanto descorazonadoras. Pablo González (PP) está de acuerdo con el Gobierno, pero reclama que la estructura de la función pública se adapte a las “necesidades de los asturianos”. ¿Conoce el diputado del PP algún cambio legal que no deba adaptarse a las necesidades de los asturianos? Susana Fernández (Ciudadanos) ve “positivo y necesario que se realice una evaluación al empleado público”, pero quiere saber en función “de qué criterios o qué fórmulas se van a utilizar”. Es decir, de la ley le interesa cómo va a ser el test de la evaluación. Enrique López (Podemos) insta a “no caer en los mismos errores” en lo tocante a la libre designación. Nos quedamos como estábamos. Ángela Vallina (IU) hay que “escuchar también la voz de los trabajadores”. La que no se va a escuchar es la voz de los ciudadanos que costean el complemento de productividad. Ignacio Blanco (Vox), “premiar el

esfuerzo fomenta la competitividad”. La norma no estimula un ápice la competitividad. Adrián Pumares (Foro), “es irresponsable aprobar la Ley de Empleo Público, antes de conocer cómo se va a producir la reforma”. No se enteró de que la Ley de Empleo es el centro de la reforma.

Conclusiones: los portavoces de la oposición no se oponen en esta materia al Gobierno. Carecen de una posición alternativa. A ninguno le preocupa que la masa salarial del Principado le salga más cara al pueblo liso y llano. Nadie considera que deba reducirse el tamaño de la Administración. En su día dieron el visto bueno al timo de la carrera profesional y ahora apoyarán la “bufanda” para los funcionarios que realizan su desempeño en puestos singulares. Y lo más grave de todo: se refieren a la norma con una lejanía y unas vaguedades propias de quien no sabe nada del asunto. Ni le importa.