El primer titular del verano es para la pandemia. El mismo argumento encabeza los informativos,  preside las conversaciones, cierra los negocios, oculta los rostros de los viandantes.

Quién nos iba a decir el 27 de diciembre, cuando empezó la campaña de vacunación, que íbamos a estar en la segunda quincena de julio con más de 500 contagios diarios en Asturias. Y a escala nacional, liderando la curva de infectados en Europa.

No hay razones climáticas, económicas, sociales, hospitalarias, que expliquen el espectacular crecimiento de la quinta ola. Es preciso mirar para la política si se quiere encontrar la causa.

El 11 de mayo finalizó el estado de alarma y las comunidades autónomas quedaron sin cobertura para aplicar medidas coercitivas que evitaran la transmisión del virus. El Gobierno central dijo que no hacían faltan medidas extraordinarias, bastaba con ser diligentes en la administración de vacunas.

El 26 de junio dejó ser obligatoria la mascarilla al salir a la calle. El presidente del Gobierno daba de esa manera el pistoletazo de salida para disfrutar del verano. Justo un año antes, Pedro Sánchez declaró que España había vencido al virus, dando por iniciada la “nueva normalidad”, cuando faltaban por llegar la segunda, tercera, cuarta y quinta ola.

JÓVENES

Los jóvenes entendieron el mensaje, se quitaron la mascarilla y se pusieron a disfrutar de los alicientes del estío, tras haber pasado el curso académico “más duro”, como una y mil veces repiten los responsables de la educación. Debieron estudiar más que nunca porque casi no hubo suspensos.

Tres semanas más tarde nos topamos con un panorama inquietante. Algunas comunidades, como Cataluña, alcanzan los registros más altos de toda la pandemia (rozan los 10.000 contagios diarios), sin que la vacunación completa de la tercera edad frene al virus.

Retirar la mascarilla y dejar a los gobiernos sin instrumentos de coerción ha dado un resultado nefasto. Como en junio de 2020, el Gobierno ha vuelto a meter la pata, y no parece dispuesto a sacarla.

A todo lo anterior se ha unido la sentencia del Tribunal Constitucional al declarar que el confinamiento domiciliario fue una decisión inconstitucional. Resulta que la principal medida tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra la pandemia infringía la legalidad.

La negativa a recurrir al estado de excepción hizo que el confinamiento sufrido por todos los españoles fuera una medida ilegal. De marzo a junio encerrados en casa, con la actividad económica suspendida, gracias a una decisión contraria a Derecho.

No ocurrió nada igual en el resto de países democráticos. Por increíble que parezca el asunto se va a saldar sin que nadie asuma responsabilidades políticas. Es más, el mayor defensor de la medida acaba de ser elevado al rango de ministro de la Presidencia.

PRINCIPADO

Asturias es la tercera comunidad autónoma con la mayor incidencia de covid entre jóvenes de 20 a 30 años. 2.677 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días. Casi el doble que la media española. Sólo en Cataluña y Castilla y León están peor.

En el verano pasado, cuando Asturias presentaba los mejores números de España, con veinticinco días consecutivos sin registrar un  solo contagio, se trasladó el mensaje de que estas cosas no ocurrían por casualidad, sino que eran el resultado de un modelo de gestión diferente. Bien, ahora que destacamos por lo contrario, también tendrá alguna influencia la gestión regional.

A mí entender la equivocación actual está en hacer seguidismo de la política de Pedro Sánchez. Aparentar normalidad y fiarlo todo a la campaña de vacunación ha dado un mal resultado en España y en Asturias.

Se ha tardado en declarar el cierre de los locales del ocio nocturno. Había que tomar más medidas, aunque disgustaran en la Moncloa, y con mayor celeridad.

Por primera vez en 17 meses de pandemia se dictan decisiones desde los gobiernos socialistas que no están avaladas por epidemiólogos y virólogos. Antes se jactaban de seguir los dictados de la ciencia, ahora actúan con su criterio particular.

Una muestra de la política errática del Gobierno de España la tenemos en el comportamiento de la Delegación del Gobierno en Asturias, que no va a reforzar los controles sobre los botellones, pese a que la Consejería de Salud había insistido en evitar los riesgos asociados a esa práctica.

OPOSICIÓN

En la pasividad ante el fuerte crecimiento de la quinta ola influye la política de la oposición –salvo IU-, al cargar frontalmente contra el cierre de los locales de ocio. Es muy fácil hacer demagogia en esta materia.

Es evidente que la situación de los empresarios del sector es muy difícil, pero la solución pasa por dar ayudas económicas efectivas a los 450 titulares de esos negocios, no por encogerse de hombros y asistir como espectadores al contagio masivo de jóvenes. En todos los países europeos, cuando estuvieron en la fase alcista de la curva de infectados, se tomaron medidas restrictivas con negocios de esas características.

La inacción ante la ola joven tendrá como resultado cargarse la temporada alta del turismo. La campaña de vacunación no basta para evitar los contagios. Máxime, cuando los epidemiólogos consideran que la variante delta del virus exige que esté vacunada el 85% de la población para lograr la inmunidad de grupo. Es decir, en el último trimestre del año.