La Generalitat afirma que Cataluña es la comunidad autónoma más desfavorecida con la inversión del Estado. La Consejería de Economía de dicha institución considera que la inversión territorial del Gobierno central debe hacerse en proporción a la riqueza de cada región. Cuánto más opulenta sea una comunidad, más gasto público debe recibir del Estado. Cataluña, segunda comunidad española en Producto Interior Bruto (PIB), por detrás de Madrid, exige ser la segunda en concentrar inversiones. Hace veinticinco años, nadie en el debate político español se atrevía a exponer una tesis semejante que condena al atraso y a la marginación a las regiones más pobres. Uno de los principales deberes de un Estado moderno es velar por la cohesión territorial y ese objetivo sólo se logra invirtiendo y gastando más en esas regiones. Así se hace en Francia, Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido, etcétera. Seguir la dinámica contraria, tal como preconiza la Generalitat, lleva a aumentar la desigualdad entre comunidades hasta llegar a consolidar dos tipos de ciudadanos distintos en derechos y oportunidades. Por duro que resulte, así es como piensan los grupos independentistas catalanes, principales aliados del Gobierno de coalición, PSOE-Unidas Podemos. Es necesario tenerlo en cuenta cuando Pedro Sánchez  se dispone a abrir el melón de la financiación autonómica, sistema que define el modo de distribuir los recursos entre territorios.

Lo más preocupante no es el desparpajo con que los independentistas airean sus tesis insolidarias, sino la carencia de un discurso fuerte por parte de los valedores del Estado cohesionado. Décadas de cesiones han preparado el camino para que los catalanistas pretendan exprimir las ubres de la Hacienda estatal en su beneficio. Ya elevaron su nivel de endeudamiento hasta llegar a los 80.000 millones de euros (el mayor de todas las autonomías) a sabiendas de que el Estado va a integrarlo bajo la rúbrica de la deuda del Reino de España ante la Comisión Europea. Ahora pretenden quedarse con una parte sustancial de la inversión. Mientras tanto, en Asturias, en los dos últimos años, aumentó la aportación del Gobierno central, fundamentalmente por la inversión en la variante de Pajares. Sin embargo, la red de cercanías ferroviarias, infraestructura clave para mejorar la comunicación en el área central, apenas recibió 25 millones de euros. A este ritmo se tardarían más de 30 años en cumplir el plan comprometido por el Gobierno.