Avanzado el mes de julio, cuando la actividad parlamentaria asturiana tiende al encefalograma plano, se reúne la comisión de seguimiento del pacto, PSOE-IU. Para un ciudadano que siga la política asturiana no es fácil saber qué contiene el citado pacto porque ambas fuerzas llegaron a múltiples acuerdos desde la entente en la sesión de investidura, pasando por los dos pactos presupuestarios de 2020 y 2021, y siguiendo por el conjunto de foros y alianzas, por la industria o las infraestructuras, en que ambos grupos coinciden. Aunque parezca una exageración, la alianza es la forma natural de relación del PSOE e IU en la región. Con desavenencias puntuales y tácticos distanciamientos cuando se acercan los procesos electorales, los dos partidos llevan décadas formando bloque frente a la derecha. En la actualidad, al Gobierno de Adrián Barbón le han salido socios por la derecha, pero la necesidad de acuerdos de Ciudadanos y Foro sólo es expresión de la búsqueda de protagonismo, no de una convergencia programática con el Gobierno socialista. El único aliado estable de los socialistas es IU.

Tras dos horas de reunión, el coordinador general de IU, Ovidio Zapico, dijo que van a ir a la negociación de los presupuestos de 2022 con buena voluntad, pero sin cheques en blanco. De la misma premisa partieron en ocasiones precedentes: ninguna novedad. Sin embargo, en los últimos meses, IU había iniciado una ofensiva sobre la industria, al exigir al Principado que arrancara del Ministerio de Industria soluciones para las fábricas (Arcelor y Asturiana de Zinc) que consumen mucha electricidad. El coste de la energía es tan alto en España que las hace anticompetitivas. Desde el grupo parlamentario de IU se culpó al consejero de Industria, Enrique Fernández, de la ausencia de avances en esta materia. Una imputación a todas luces injusta porque no está en la mano de ningún consejero autonómico doblar la muñeca a Pedro Sánchez o a la vicepresidenta Teresa Ribera. Ahora bien, la cuestión de fondo consiste en saber si IU va a seguir con la campaña de denuncia sobre el estado de la industria o el memorándum firmado por el Gobierno y la familia Mittal, con 1.000 millones de euros de inversión en la planta de Gijón, les cambió el guion. Aplicando el gran angular, ¿mantienen Mallada (PP), Fernández (Ciudadanos), Ripa (Podemos), Pumares (Foro), Vallina (IU), Blanco (Vox), que el Gobierno de Barbón no tiene capacidad de interlocución ni influencia sobre Pedro Sánchez?