La sorpresa de la semana se ha producido en el Congreso de los Diputados, donde por un solo voto se ha convalidado un decreto ley que permite a los empleados interinos que llevan diez años ocupando una plaza en la Administración pública convertirse en funcionarios de por vida sin superar ninguna prueba de conocimiento. La ministra María Jesús Montero se ha estrenado como responsable de la función pública accediendo a una petición de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que acaba con el mandato constitucional de acceso a las plazas en el sector público siguiendo los principios de mérito y capacidad. El decreto que se tramitará como proyecto de ley permite a los trabajadores temporales de la Administración sacar una plaza sin pasar por la tradicional oposición.

El mandato europeo de reducir la temporalidad se va a cumplir de un plumazo, convirtiendo a los interinos en fijos por la vía del automatismo, al estar una década en el mismo puesto. Habrá dos formas de ser funcionarios fijos, los que accedan a la plaza en competencia abierta con decenas, centenares o miles de opositores y los que lleven como temporales en un puesto durante diez años. En el actual clima de degradación de las instituciones, el sistema de obtener la plaza por la mera permanencia en el puesto va a prosperar. La Administración pública de turno se ahorra el engorro de convocar oposiciones, formar tribunales, corregir exámenes, etcétera; el enchufismo va a crecer, como siempre que se utilizan métodos opacos para acceder a las plazas. La transparencia de una oposición pública se sustituye por un sistema administrativo en él que sólo cuenta la antigüedad en el puesto.

Cualquier cambio importante en la función pública debería ser pactado entre PSOE y PP. Son los dos partidos de gobierno a lo largo de más de cuarenta años de democracia y les ha correspondido gestionar la Administración. De ambos se presume que tienen sentido de Estado. No se puede puentear el sistema de oposición en base a un acuerdo con ERC, Unidas Podemos, Más País, PNV, Teruel Existe, o PRC. Unos quieren liquidar el Estado, otros no creen en él, y a los más benévolos no les importa. Queda la esperanza de que los tribunales tumben una norma que atenta contra la igualdad y prescinde de los méritos y la capacidad de cada aspirante a funcionario al hacer la selección. La atrabiliaria mayoría parlamentaria le ha dado la espalda a miles de españoles que están en paro y aspiraban a obtener una plaza. A solidarios no los gana nadie.