El consejero de Cohesión Territorial del Principado ha dicho que “la bonificación del peaje del Huerna es una absoluta prioridad”. Alejando Calvo pidió para el presupuesto de 2022 que vaya una partida específica para “reducir el agravio comparativo que sufre Asturias”.  El elemento clave que cambia las coordenadas del debate sobre el peaje es el agravio comparativo con Galicia. Hace unos días el presidente, Pedro Sánchez, visitó la comunidad gallega para anunciar una fuerte rebaja del peaje de la Autopista del Atlántico (AP-9). 55 millones de euros le suministrará el Gobierno a la empresa concesionaria de la autopista para que los gallegos tengan una rebaja en la tasa. El compromiso alcanzado entre el Gobierno y el diputado independentista del BNG es liquidar el peaje pagando a lo largo de los años, 2.300 millones.

Una vez asumido el rescate de la AP-9 el Gobierno de Sánchez se queda sin argumentos para no hacer lo mismo con el peaje del Huerna. Ambos fueron prorrogados por el Gobierno de Aznar e ignorados por los presidentes Zapatero y Rajoy. No se puede subvencionar a los gallegos y olvidarse de los asturianos sin incurrir en un manifiesto trato desigual. Llevamos 13 años de retraso en la apertura de la variante de Pajares -comunicación ferroviaria con la meseta-, según la previsión realizada cuando se colocó la primera dovela; y en el mes de octubre finalizaba la concesión de la autopista del Huerna a Aucalsa -comunicación por carretera con la meseta-, quedando los asturianos libres de pagos, pero se prorrogó hasta 2050. No es un peaje cualquiera, sino el más caro de España (0,16 euros el kilómetro). No hay ninguna comunidad autónoma que tenga esa doble penalización en la comunicación con la capital de España.

Para bonificar el uso de la Autopista del Atlántico no se esgrimieron razones económicas, sino netamente políticas: el diputado independentista del BNG apoyó la investidura de Pedro Sánchez porque se comprometía a rebajar el peaje. El presidente comprometió una partida en las cuentas de este año, como primera entrega de una larga factura que va a pagar el Estado a la empresa concesionaria. Asturias tiene siete diputados que deberían hacer gestiones por su tierra. Empezando por los que forman parte de los partidos del Gobierno de coalición (Lastra, Carcedo, Morís, Castañón), que tiene en sus manos el rescate. Adriana Lastra, por ejemplo, negoció con el BNG el voto de investidura a cambio de la bonificación. Ya sabe cómo hacerlo.