El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, es un todoterreno de la política o, visto desde otro ángulo, un gran generalista porque tiene que ser competente en cosas tan diversas como el argayu de Zorroquina (Salas), los ecoesquemas (quédense con el término porque dará mucho juego en los próximos años) o el plan de vías de Gijón. Adrián Barbón le puso en un puesto del organigrama del Principado donde se tratan como cosas homogéneas, piezas completamente heterogéneas, y como él no protesta, supong0 que llevará bien esa doble ración de carretera y cuadra. La clave debe estar en el optimismo, porque no veo otra razón para encarar con tan buen ánimo la nueva Política Agraria Común (PAC).

Aceptemos que mantener los recursos para el campo hasta el año 2027 es un logro, ya que la vaca lleva sufriendo recortes desde aquellos remotos tiempos en que la PAC llegó a significar el 70% del presupuesto comunitario. A partir de ahí todos los pasos son una auténtica reválida para el ganadero que deberá hacer la transición al nuevo modelo en dos años. En la PAC se fijan objetivos loables y se apuntan los problemas, pero no se traza un plan realista. Se habla de garantizar una renta justa para el agricultor (ganadero), cuando no llega al 50% de la media de los trabajadores y no se articulan medidas concretas para alcanzarla. Se nombra el relevo generacional (“hacen falta jóvenes agricultores cualificados e innovadores”) y todo se fía a hacer una buena evaluación de sus necesidades. Se pretende mejorar la posición de los ganaderos en la cadena del valor –ya hay una ley- y los grandes distribuidores y la industria maltratan a los paisanos pagando la leche por debajo de coste, mientras crecen los precios de los factores de producción. Los tres asuntos citados son fundamentales para la ganadería asturiana.

Y ahora viene la otra parte. El ganadero no tiene una oficina, no es un técnico, no puede hacer frente a problemas globales que no son de su incumbencia y desbordan con muchos sus capacidades La moda de los alimentos ecológicos lleva a unos controles de trazabilidad y etiquetado que superan todo lo visto hasta ahora. La lucha contra el cambio climático se traslada al campo y el 25% de las ayudas directas (más de 9.000 millones de euros) irán para aquellas explotaciones que sigan unas prácticas agrícolas y ganaderas que produzcan beneficios climáticos. Las nuevas exigencias conllevan un trabajo administrativo que puede con la vocación del ganadero.