El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que será conocida como ‘ley Castells’. La sociedad ha cambiado mucho en lo que llevamos de siglo y la institución universitaria no se ha movido, así que es oportuno reformar los pilares legales sobre los que se asienta el edificio, aunque la propuesta del atrabiliario ministro presenta contenidos más que discutibles.

Los rectores tendrán un único mandato de seis años, en vez de un mandato de cuatro años, prorrogable por otros cuatro si se presentan a la reelección. Lo de cuatro más cuatro, como rige ahora, parece una réplica del mandato de George Washington; quiero decir que es un calco del modelo político. Quizás sea oportuno diferenciarse. No estoy seguro. Ahora bien, el anteproyecto contempla la elección del rector a través de un órgano específico (comisión). El modelo de elección actual, con voto directo de toda la comunidad universitaria es más transparente y participativo. Es más democrática la elección por los miles de personas que la integran, que por una comisión de notables. En la comisión para elegir rector, un 30% de sus miembros serán ajenos a la institución académica y deberán ser personas de reconocido prestigio profesional. La pregunta del millón: ¿quién selecciona a ese 30% de miembros ajenos a la Universidad?

La composición del Consejo Social corresponderá a una decisión de las Cámaras autonómicas. Es decir, el Parlamento desembarca en el Consejo Social y los diputados podrán por persona interpuesta tomar el control de la Universidad. En el caso concreto de la Universidad de Oviedo, en su actual Consejo Social, de 18 miembros, solo dos los proponía el Gobierno regional y cuatro la Junta General del Principado. La ‘ley Castell’ abre las puertas del rectorado a los profesores titulares.

No hace falta ser catedrático para ser rector. El ministro dijo que «lo importante no es el rango, sino la capacidad de gestión». Para empezar el rango significa cualificación. La capacidad de gestión puede ser un elemento a ponderar entre el cuerpo de catedráticos, no hace falta incluir a más miembros del alma mater. El cambio se inscribe en una tendencia de nebulosa democratización que atraviesa el anteproyecto, en la que se incluye dar más poder a los alumnos, el estamento menos comprometido con la institución: a los cuatro años de estar en ella se van y se acabó. Para mejorar la Universidad, hay que aprobar sustanciales enmiendas al texto.