Si en la clase política asturiana imperara el sentido común la reforma del Estatuto de Autonomía se hubiera iniciado con un pleno monográfico en la Junta General del Principado, donde el Gobierno informaría a los diputados de las novedades que pretendía introducir en el texto, dando paso a un debate general en el que los portavoces transmitirían críticas, dudas y propuestas.

Posteriormente, se hubiera creado una comisión parlamentaria para trabajar sobre la modificación del Estatuto, compuesta por todos los grupos parlamentarios. El trabajo en la comisión, sin rígidos plazos, conduciría a un resultado final que sería votado por el pleno de la Cámara.

Nada de eso ha ocurrido. Se optó por seguir la vía de los encuentros bilaterales del Gobierno con los grupos parlamentarios, sin luces ni taquígrafos, y así se dan resultados tan grotescos como que el presidente del Principado se queje de que la líder de la oposición diga cosas en público distintas a las que le escuchó en privado.

Orillar al Parlamento autonómico en un asunto de tanta importancia equivale a devaluar las instituciones desde dentro.

Resulta que los noveles políticos asturianos de la Preautonomía (1979) ya conocían la senda institucional que se debería recorrer para negociar el Estatuto, mientras que nuestros profesionalizados políticos del presente la ignoran.

Más curioso es, aún, que los miembros de la ‘comisión de los ocho’ que redactaron el borrador del Estatuto hayan recibido la medalla de oro de Asturias y unos días más tarde se inicie la reforma del Estatuto asturiano por cauces distintos a los suyos.

No sólo es una cuestión de formas, también es de fondo. Entonces, los ocho comisionados sabían que el borrador debía alcanzarse por consenso, y solo por esa causa descartaron seguir la vía del artículo 151 de la Constitución para acceder al régimen autonómico, dado que un partido de derechas no mayoritario, Alianza Popular, solo aceptaba seguir por la senda del artículo 143.

Es decir, los padres de la Autonomía asturiana ya eran conscientes hace más de cuarenta años de que el Estatuto era una obra colectiva a la que se llegaba por el consenso de partidos de izquierda y derecha.

En el modelo informal elegido, de encuentros bilaterales, sin orden del día ni una propuesta concreta para someter a deliberación, salió a relucir que el Gobierno toma el modelo de bilingüismo gallego como referente a seguir en nuestra región.

No tengo nada en contra de Galicia, sino al contrario, ni siento ninguna antipatía por Núñez Feijóo, pero me parece un tanto rasposo decir públicamente que queremos imitar su sistema bilingüe. Hasta la fecha, ninguna institución autonómica de una región había declarado que quería copiar lo que hizo otra con su lengua propia.

La idea de importar al modelo gallego le llegó a la clase política asturiana a través de la Academia de la Llingua, que lleva mucho tiempo meditando sobre el tema.

La única razón para escoger el modelo gallego es que no va asociado a conflicto. Como Galicia es un territorio con una imagen menos tormentosa que el País Vasco o Cataluña, se elige su fórmula bilingüe para no asustar a los asturianos.

A ello se ha añadido la coletilla de ‘amable’. Cooficialidad amable, que es otra copia, en este caso del ínclito Ibarretexe, ex presidente vasco que presentó su famoso ‘plan Ibarretxe’, en el año 2004, para convertir el País Vasco en un Estado asociado, al modo de Puerto Rico. El expresidente decía a todas horas que quería tener una «relación amable con el Estado español».

La paz de Galicia y la amabilidad vasca para hacer el artificio de igualar al bable con el castellano. El problema es que este diseño se da de bruces con la realidad. Si una cooficialidad es inimitable para los asturianos es la gallega. Veamos.

En 1974, con Franco en el poder, la principal entidad financiera española de aquella época publicó un voluminoso trabajo sociológico sobre España. En Galicia, constataba que el 98% de los ciudadanos conocía la lengua gallega y que una mayoría la utilizaba para comunicarse. En plena dictadura los gallegos eran plenamente bilingües.

En Asturias, hoy día -no en el franquismo-, la casi totalidad de la población no utiliza el bable como vehículo de comunicación. No puede hacerlo, entre otras razones, porque lo ignora. Un ejemplo de ello son los políticos de izquierda en la Junta General del Principado. ‘Nagüen’ por la cooficialidad, pero en la tribuna solo saben repetir cuatro frases aprendidas de memoria, con la excepción de la consejera de Cultura.

Trasplantar el modelo de bilingüismo de un territorio, que ya es históricamente bilingüe, a otro donde la lengua propia tiene un uso marginal produce un efecto desastroso.

En Galicia, la normalización lingüística llevó, en la educación, a establecer un mínimo obligatorio de las asignaturas que debían ser impartidas en gallego. Se fijó que fuera el 50%. El propio decreto decía cuáles debían de ser y para enseñar en castellano se reservaban la música, gimnasia, tecnología, etcétera. ¿Nos imaginamos una normalización ‘a la gallega’ en Asturias?

Ese método, en Galicia, no provoca conflicto, porque la población estudiantil domina las dos lenguas. En Asturias, la implantación del modelo supondría la imposición más grave realizada por la elite política, en la democracia, sobre la población.