María Jesús Montero llegó al Parlamento con la intención de alegrar a los diputados. Anunció que para el próximo año repartirá 7.000 millones de euros entre las diecisiete regiones, un 6,3% más que en el presente ejercicio. Además, va a devolver la liquidación pendiente del IVA de 2017. En el caso de Asturias, 86 millones. A los pocos días de instalarse en el palacio de la Moncloa (junio 2018), Pedro Sánchez dijo que iba a negociar un modelo de financiación autonómica. Luego comprendió que un Gobierno en precario (a los ocho meses tuvo que convocar elecciones), apoyado por un grupo heterogéneo de partidos, no debía afrontar un reto tan difícil. Descartado el propósito inicial, puso en circulación el ‘plan b’, consistente en combinar acuerdos bilaterales para temas concretos (puerto de Valencia, peaje de Galicia, aeropuertos de Madrid y Barcelona) con reparto de importantes cantidades de recursos entre todas las regiones para fines específicos (sanidad, educación, servicios sociales).

Hay que reconocer que la fórmula funcionó en tiempos de pandemia porque los gobiernos autonómicos estaban superados por las demandas de sus ciudadanos y solo querían recibir dinero. En la actualidad, con dos años largos de legislatura por delante, el Gobierno va a ensayar la negociación del modelo de financiación, una especie de triple salto mortal con resultado incierto.

Montero ha distribuido las regiones en tres grupos: los que quieren que se valore la dispersión de la población y el envejecimiento (Asturias, Galicia, las dos Castillas, Aragón, La Rioja y Extremadura), los que exigen ya un fondo de nivelación (Valencia, Andalucía y Murcia) y los que quieren limitar la solidaridad (Madrid, Cataluña y Baleares). La clasificación no es muy rigurosa porque faltan Cantabria (es la que está mejor financiada) y las Islas Canarias. Cada grupo tiene radicales discrepancias con los otros dos. Las contradicciones sólo se pueden salvar poniendo el Estado más dinero encima de la mesa. Eso es lo que esperan todos los gobiernos autonómicos que haga. La última vez, la ministra del ramo, Elena Salgado, resolvió el sudoku con 11.000 millones extra. Quizás sirvan ahora los fondos europeos para acallar los agravios territoriales. No se da la razón a ninguno de los tres grupos, se inunda la mesa de la negociación de dinero y todos saciados. Nada de arreglar problemas, patada p’alante y a correr todos detrás del balón. Y si alguna región amenaza quiebra, el Estado asume sus deudas.