Juan Cofiño tiene el encargo de reformar la Administración autonómica. Una tarea de máxima dificultad, como lo prueba el hecho de que ninguno de los anteriores gobiernos la haya llevado a cabo. Todos se quejaron de la burocracia, de la lentitud a la hora de aplicar las decisiones, pero no se enfrentaron al problema. Javier Fernández, forzado por Mariano Rajoy, aprobó tres leyes de racionalización de la Administración pública, que no pasaron de ser un mero maquillaje, porque las cosas siguieron como estaban. El vicepresidente del Principado se ha metido en harina (sistema de retribución, reducción de interinidad), pero está por ver en qué termina la anunciada reforma. En la Junta General del Principado mostró su preferencia por un sistema retributivo y de carrera profesional que consolide derechos adquiridos y premie la excelencia y la profesionalidad por la consecución de objetivos. Para empezar, la carrera profesional, con más de diez años de aplicación en el Principado, es un disparate, tal como está concebida. Todos los funcionarios ingresan más por ese concepto según aumentan los años de servicio; no supone ningún estímulo para el trabajo ni reconocimiento de méritos. No deja de ser una forma de cobrar dos veces la antigüedad ¿La va a cambiar radicalmente el vicepresidente?

La cuestión de la remuneración por objetivos o financiación por objetivos (la Universidad de Oviedo es el caso más reciente) es recurrente en el debate público. Se habla más de ella que de sus resultados. En la Administración general, donde nadie se dedica a ensamblar piezas de coche en una cadena de producción, plantea dos dificultades: quién y cómo elige objetivos y valora el cumplimiento. La delimitación pormenorizada de objetivos por servicios, secciones y negociados es harto compleja, si se quiere hacer de una forma ecuánime y objetiva. No se puede resolver por el modo grosero de premiar el número de expedientes resueltos, ya que las materias son heterogéneas y el resultado podría ser catastrófico. ¿Se diseña el modelo a través de una negociación con los sindicatos?

Mientras se delibera sobre objetivos y estímulos, la Administración no ha parado de crecer. En los cinco últimos años ha aumentado en 7.700 el número de funcionarios en Asturias. Casi vez y media la plantilla de Arcelor. La región mengua: 32.442 habitantes perdidos. Cada vez somos menos para pagar una factura de sueldos públicos más cara. La obesidad de la Administración aumenta y nadie habla de dietas.