El presidente del Principado volvió a referirse al bable. Aclaró que la oficialidad amable implica un modelo de obligatoriedad que protege los derechos de los hablantes de la llingua. Puso como ejemplo la presentación de una tesis doctoral en asturiano. En cuanto se desciende a lo concreto se pisa suelo resbaladizo. ¿Por qué se va a poder defender una tesis en la lengua vernácula y no se va a tener derecho a recibir clases de Química Orgánica o de Derecho Mercantil en bable? ¿Por qué una tesis sí, y un trabajo de Bachillerato no? No hagamos juegos malabares, porque la cuestión de la oficialidad en la Educación ya está resuelta en las comunidades bilingües con líneas paralelas en castellano y en la lengua propia.

Otra cosa es el resultado al que se llega gestionando ese modelo. Una vez que una lengua es oficial resulta prácticamente imposible limitar los derechos a los hablantes. En un territorio oficialmente bilingüe, elegir la lengua para ser educado es un derecho.

La bandera de la oficialidad del bable, aquí y ahora, la lleva la clase política y unos pocos colectivos subvencionados. Es una cuestión de élites. El resto de la sociedad está al margen. No informan. Sólo se oyen las declaraciones del presidente del Principado que tienen como objetivo transmitir que la oficialización del bable no llevará imposiciones. Esa es la única condición que ha puesto la dirección de Foro para dar la mayoría absoluta a la izquierda y crear el artificio de una región bilingüe. Fuera de los focos, los contactos se multiplican, entre el poder y la cúpula de Foro, entre académicos y partidos políticos, y entre nacionalistas y asturianistas recolocados en la dirección de Foro. Más de un millón de asturianos a verlas venir.

Estamos en manos de Adrián Pumares, el diputado 27. Conoció una corriente de solidaridad hacia su persona, con motivo de la campaña publicitaria de Vox, como sólo merecen los héroes. Sin embargo, ningún dirigente de Foro levanta la voz cuando la izquierda dice y escribe que la transversalidad de la oficialidad está asegurada con Foro. Ni les ofende ni les afecta. ¿Es normal este panorama?

Un grupito que se cuenta con los dedos de la mano decidiendo por un millón de ciudadanos. El presidente Adrián Barbón debe convocar una consulta no vinculante para ver qué piensa la gente común, alejada de la élite. El presidente afirma que el referéndum no es legal, pero caben las consultas no vinculantes a escala nacional, autonómica, municipal y, hasta, de barrio.

La ley lo permite, el temor lo impide.