La acumulación de proyectos en la ventanilla de la Administración autonómica, solicitando financiación europea, era algo esperado. Si la mitad de los 140.000 millones de euros son a fondo perdido, es normal que empresarios, alcaldes y oportunistas se pongan a la cola. No nos sintamos víctimas ni héroes, porque eso mismo pasa en las diecisiete comunidades autónomas y en las administraciones de los veintisiete países miembros de la Unión Europea.

En previsión de la tarea extraordinaria que se les viene encima, el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño, que está encargado de reformar la Administración del Principado, preparó el proyecto de ley de medidas administrativas urgentes, donde el título ya es bien expresivo. En la norma se habla de la reducción de trámites, los contratos de refuerzos y los cambios presupuestarios que irán aparejados a la llegada del dinero europeo. No hace falta decir que se va a aplicar la cláusula de la administración responsable: el empresario de turno declara que su proyecto cumple con todas las condiciones para recibir los fondos europeos y la Administración lo da por bueno, aunque posteriormente pueda revisar la documentación y en caso de incumplimiento exija la devolución del dinero entregado. Nada que objetar, todo es razonable.

A Ciudadanos le pareció que faltaba algo y propuso que para dinamizar las actuaciones participen entidades como las cámaras de comercio y colegios profesionales en la tarea de verificar e inspeccionar la documentación enviada por las empresas. Un salto en el vacío. La documentación de los proyectos es confidencial y la Administración tiene una serie de competencias que no puede poner en manos de otras entidades. La petición de aclaraciones, las demandas de documentación complementaria, valoraciones sobre aspectos de los proyectos y un largo etcétera competen a la Administración del Principado y a nadie más. No es delegable esa función, porque los actos administrativos no admiten discrecionalidad en el sujeto ni en la forma. De insistir por esa vía se abre la puerta a la nulidad de las actuaciones.

Los fondos europeos son muy criticables por la orientación que les dieron en Bruselas (digitales y verdes) y la gestión de los gobiernos. Se actuó con absoluta opacidad. La oposición tiene mucho que decir en esa materia, pero no creo que su papel sea lanzar ocurrencias sin fundamento. Espero que los servicios jurídicos del Principado pongan freno a iniciativas tan imaginativas.