Las Administraciones públicas, además de la bulimia galopante, ineficacia y carestía, ofrecen dosis abundantes de irracionalidad. Hay cuestiones que resultan ininteligibles al ciudadano. Entre ellas destacan las guerras del alto funcionariado, donde el ego de cada cuerpo exige medirse en el campo de batalla hasta las últimas consecuencias, por mucho que cuesten al erario público y dañen a personas de carne y hueso.

A causa de la pandemia, el Principado dio ayudas a la hostelería, comercio, ocio, turismo y mundo de la cultura. Un total de 54 millones de euros para más de 16.000 empresarios. Para ampliar la subvención, el Principado introdujo una bonificación en el IRPF que significaba, en la práctica, renunciar a gravar el ingreso extraordinario que suponía la subvención. Los doberman (raza canina que se creó, a base de cruces, para que un moloso fuerte y agresivo acompañara a un recaudador de impuestos) de la Administración del Estado levantaron las orejas: cómo se le ocurre a una comunidad autónoma uniprovincial operar por su cuenta con un impuesto cedido por el Estado. Discutieron las Administraciones por tan enjundiosa cuestión competencial y al no llegar a un acuerdo, el abogado del Estado de turno impugnó la bonificación autonómica ante el Tribunal Constitucional. El altísimo tribunal aceptó a trámite el recurso de inconstitucionalidad quedando automáticamente suspendida la bonificación por un periodo de cinco meses.

Alguien podrá pensar que se trata de un pulso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba.

No nos engañemos, ministra y consejera no reparan en esas cosas. Demasiado sutiles, rebuscadas y envueltas en sustancia jurídica como para que sepan sacarle punta hasta desembocar en conflicto. Ellas sólo firman.

El lío lo organizó el alto funcionariado, celoso de sus competencias, dispuesto a litigar a cualquier precio sin importarle las consecuencias. Y como siempre, las guerras de artillería las paga la infantería: hosteleros, comerciantes, etcétera.

Me parece bien el ejercicio de profesionalidad, pero echo de menos ese afán por defender la legalidad cuando la Administración del Estado transfiere competencias de todo tipo a las nacionalidades de la periferia. ¿Dónde están los informes preceptivos alertando del vaciamiento del Estado? Puestos a decirlo todo, Asturias carece de diputados que negocien con el Gobierno la retirada de los recursos de inconstitucionalidad.