En el debate sobre orientación política se anunció una agenda exigente. El día 2 se iniciaba un doble proceso, negociación de los presupuestos y la reforma del Estatuto, que es tanto como decir las condiciones de la oficialidad. Para esa fecha iba a estar ultimado el acuerdo de concertación social que debía, tras oportuno bypass, ser incluido en el proyecto de cuentas para 2022.
Siete días más tarde la oposición está despistada -cuanto más a la izquierda, mayor es la desorientación-, el Gobierno diseña otra ruta y la oficialidad, la estrella del debate, queda arrinconada en el cajón de la mercancía política averiada.
¿Fue la intervención parlamentaria de Adrián Pumares la culpable del cambio de prioridades?
La respuesta inicial del Gobierno fue muy positiva, comprometiéndose a estudiarla y negociarla. El propio portavoz de Podemos, Daniel Ripa, también propuso hacer un esfuerzo para lograr «un fin muy importante».
El contrapunto lo puso otro diputado del partido morado que se encaró con Pumares: «miles de personas no pueden ser castigadas a no poder ejercer su derecho de hablar en asturiano por un cambio de lugar de una estación».
En sólo 25 palabras, toneladas de demagogia. Todo el mundo puede hablar y escribir bable cuando quiera y donde quiera. La Ley de Uso y Promoción del bable/asturiano garantiza exhaustivamente todo tipo de derechos a los hablantes. Está incluido en el currículo escolar y puede contar como mérito en oposiciones a la función pública.
El bable no tiene ninguna traba legal que coarte su desarrollo, él único impedimento viene del desconocimiento: para poder hablar una lengua hay que conocerla. Y, luego, querer usarla.
De la disposición a negociar, el Gobierno socialista pasó a dejar fuera del proyecto de presupuestos las propuestas de Foro. Decidió que irían todas en una ley complementaria. Es decir, las rebajas en el IRPF y la bonificación en el Impuesto de Sucesiones no tendrían reflejo en las cuentas. ¿Pueden ponernos un ejemplo de una Administración territorial que no registre en sus cuentas las modificaciones de las principales figuras fiscales?
Lo más curioso es que por el medio, Adrián Pumares, en una entrevista publicada el pasado domingo en EL COMERCIO, echaba agua al vino para facilitar la negociación: «Cualquier documento que envía Foro Asturias es negociable»; «ninguno de ellos (los condicionantes) son exigencias irrenunciables»; «el documento aprobado por la comisión directiva de Foro es para empezar a hablar y negociar»; «si de mí dependiese la apuesta por el asturiano sería más decidida».
Con la experiencia que tiene la FSA en negociaciones, a un interlocutor así se lo llevan al huerto en dos sesiones.
Sin embargo, el Gobierno no aceptó el envite, congeló la negociación de la reforma estatutaria y llamó a concentrarse en el presupuesto. ¿Si el diputado 27 es tan proclive a la causa de la oficialidad, por qué no hacer un esfuerzo?
Retrasar la negociación implica impedir la aprobación de la reforma estatutaria en esta legislatura, como insistentemente recordaron Podemos e IU.
Si un hipotético texto llega al Congreso de los Diputados, con una mayoría parlamentaria distinta a la actual, es muy difícil que se apruebe. Hace falta que ERC, PNV y Bildu sean socios estratégicos de un Gobierno, con carteras de Unidas Podemos, para ampliar la España bilingüe, añadiendo una comunidad trilingüe.
El cambio de estrategia del Gobierno es tan imprevisto, que hasta la portavoz parlamentaria del grupo socialista, Dolores Carcedo, echó mano de otro argumentario: «Estamos pendientes de que vean la viabilidad de las propuestas de Foro». Se refería a Podemos e IU. El PSOE dejando la acción del gobierno en manos de grupos minoritarios. Sería la primera vez.
Adrián Barbón advirtió que la reforma estatutaria «tiene que estar en otro ambiente, en otro momento, en otro tiempo».
Algo tendrá que decir Foro. La reforma y la oficialidad, impulsadas exclusivamente por la izquierda -excepción asturiana en el variopinto mapa autonómico-, se adueñaron del debate político porque un diputado, su entorno, y media docena de nacionalistas, dieron pábulo a la especulación.
Es imposible que todo tipo de personajes, empezando por el presidente del Principado, creyeran que era posible juntar a 27 diputados para la reforma si no hubiesen recibido mensajes en esa dirección.
Resulta surrealista que en el debate sobre el estado de la región se pongan condiciones concretas para aprobar la oficialidad del bable, y fuera de la Cámara se diga que son unos simples puntos para empezar a hablar. Y todos en Foro quedan callados o juegan al pádel.
Desde una dimensión parlamentaria, el mayor escándalo de los últimos años fue la trampa de Inés Arrimadas para hacerse con el control de tres comunidades autónomas y el Ayuntamiento de Murcia. El electorado no merece esos engaños.
En las últimas elecciones autonómicas, la mitad de los votos de Foro procedieron de Gijón, 16.970. En Oviedo tuvo 3.854, en Avilés 1.350, en Siero 1.500, y en Langreo 563. Todos los partidos desarrollan sus estrategias en torno a sus plazas fuertes.
En todo este demencial debate sobre la oficialidad del bable pesó más, en la orientación parlamentaria de Foro, el criterio de cuatro arribistas que la opinión del grueso de sus electores.