Debate en la Junta General del Principado sobre el bable. Ignacio Blanco (Vox) interpeló a la consejera de Cultura, Berta Piñán, y se produjo un desencuentro en la forma y el fondo. La consejera respondió al portavoz de Vox haciendo uso de la llingua y Blanco pidió que le tradujeran la intervención porque no había comprendido algunas palabras. Puso como ejemplo, algamar y afayadizu. Marcos Líndez, presidente de la Junta, pidió al diputado que dijera cuántas palabras no había entendido, y al final concluyó que, según su criterio, no había materia para considerar ininteligible el discurso leído por la consejera. Según la ley, Berta Piñán tiene derecho a hablar en bable en todas sus comparecencias. Y a cualquier miembro de la Cámara le asiste el derecho a pedir la traducción de esas intervenciones. Ambos hicieron uso de sus respectivos derechos. Lo que no tiene un pase es que el presidente de la Junta recurra a métodos chapuceros, preguntando a un diputado cuántas palabras no había entendido, para sentenciar que el discurso, en su conjunto, lo había comprendido. Como bien argumentó Blanco, en el Parlamento las palabras son sagradas y basta una coma para cambiar el sentido de una frase. En previsión de un cursillo acelerado de bable en el Parlamento, debería la Mesa de la Junta tomarse en serio la necesidad de dotarse de un servicio de traducción simultánea. Mucha gente pensará que es ridículo, absurdo e innecesario, pero ya me dirán cómo calificar que una excelente profesora de Lengua y Literatura española hable siempre en bable cuando se dirige a decenas de diputados asturianos. Si la cosa va de blandir derechos, que se respeten los de todos.

El portavoz de Vox le preguntó por el modelo de oficialidad que propugna el Gobierno regional. Berta Piñán se acogió a la táctica que siguen todos los impulsores de la oficialidad: balones fuera. La consejera dijo que hay muchos modelos de oficialidad. Lo cierto es que las seis comunidades autónomas bilingües comparten dos características: la lengua vernácula es vehicular en la educación y el conocimiento de ella puntúa en las oposiciones a la función pública.

En cuanto al modelo a aplicar con la llingua y el eo-naviego, dijo que será el que decida el Parlamento. Lo anterior no fue óbice para que ella se decantara por un modelo consensuado. Si la izquierda lo impone, el modelo asturiano podrá ser de una manera u otra, pero nunca consensuado, porque esa opción ya la rechazó el Gobierno tras la primera ronda de contactos.