El Gobierno de España aceptó que la llegada de 70.000 millones de euros, procedentes de Europa, tuviera dos contrapartidas: la reforma de las pensiones y el peaje en la red de autovías. A la Comisión Europea el peaje en las vías de doble calzada le traía al pairo, porque la modernización de nuestra economía no depende de esa tasa. Bruselas tenía interés en cuestiones importantes, como la reforma del sistema de pensiones para asegurar su viabilidad a largo plazo y en frenar el propósito del Gobierno de derogar la reforma laboral. En un momento de las conversaciones, el Gobierno ofreció cobrar por las autovías y la Comisión Europea lo aceptó porque ayuda a reducir el déficit público. Como ya es habitual, el Gobierno le dio la vuelta al relato, y ahora nos dice a los ciudadanos que hay que pagar por ir en coche a Villaviciosa por exigencia europea.

El dinero procedente de los nuevos fondos europeos (Next Generation) tiene una característica singular: hay que gastarlo entre 2021 y 2023. No sé cómo será en otros países, pero en España y, más en concreto, en Asturias, supone un plazo tan breve como impracticable para realizar inversiones de gran calado. Aquí las obras en grandes infraestructuras duran veinte años. Y a partir de ahí pueden acumular retrasos. Al Principado le piden que haga algo que excede de sus posibilidades. Lo sucedido con los tres últimos presupuestos regionales es muy esclarecedor. El pasado 30 de septiembre el Gobierno asturiano tenía sin ejecutar el 78% de las inversiones programadas. En la misma fecha, el pasado año, sólo se habían invertido 30 millones y quedaba un 87% por realizar. Hace dos años, la cosa fue algo mejor, sólo restaba sin ejecutar el 65% de los 130 millones presupuestados.

No pretendo ser sarcástico, pero cuanto mayor es la Administración, cuanta más gente trabaja en ella, más lenta es la tramitación, porque se multiplican las intervenciones. Cada funcionario tiene que dejar una muesca en el expediente para justificar su existencia y el asunto se alarga indefinidamente. No entiendo cómo se hace una ley para simplificar los trámites en la Administración y no se adecúa la plantilla al recorte de la tramitación. Desde Bruselas se pide que se elijan los proyectos más rentables para ser financiados por los fondos de Next Generation, pero va a ser muy difícil acertar con la rentabilidad cuando hay que tomar decisiones a una velocidad veinte veces mayor que la habitual. ¿Se harán horas extra como los curritos del sector privado?