En vísperas de debates presupuestarios las comunidades autónomas piden dinero al Gobierno de España. Quieren volver a recibir recursos extraordinarios con la pandemia como argumento. En 2020, el Gobierno repartió 16.000 millones de euros entre los 17 territorios para hacer frente a los gastos imprevistos en Sanidad y Educación; en el presente año volvió el Estado a transferir 13.486 millones. Asturias ingresó entre los dos ejercicios, 607 millones. Pues bien, ahora quieren los ejecutivos regionales volver a recibir dinero poniendo como disculpa el virus. Si el Gobierno cede, quedará incorporada para siempre en los presupuestos autonómicos una partida extraordinaria proveniente del Estado. No incurro en ninguna exageración, ya que en los proyectos de cuentas para 2022, Valencia y Andalucía tienen anotados ingresos a cuenta de un supuesto fondo Covid.

Comprendo que el dinero le viene bien a todo el mundo, pero se impone la seriedad. La pandemia sigue siendo una realidad, pero no se puede pedir por esta causa un desembolso tan grande. Sabemos que en 2022 se recibirá una inyección financiera singular por la vía de los fondos europeos, de la que se beneficiarán todas las regiones. Proyectos de gran entidad serán costeados por recursos ajenos que no exigen devolución.

En ese contexto no se puede pretender que el Estado siga regando la geografía autonómica de billetes. Los dirigentes regionales no pueden ser eternos adolescentes que piden dinero a papá Estado para gastar, sin preocuparse si la familia puede pagar sus caprichos. Desde el inicio del sistema autonómico se acostumbraron a gastar con recursos que no regulaban (no tuvieron competencias normativas sobre los grandes impuestos hasta 1993), y jamás hicieron un análisis realista sobre la financiación. Se animaron a gastar sin freno porque, en su fantasía, tenían ingresos infinitos. No todas las comunidades son iguales. En cabeza del desmadre, Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha.

Los estragos de la pandemia han afianzado la cultura de la subvención que afecta a gobiernos y ciudadanos. Las inversiones se han sustituido por fondos y los debates por peticiones. La política de alargar la mano. Los ciudadanos y las empresas piden al Principado, el Principado al Gobierno y el Gobierno a Bruselas. Si no lo digo, reviento: me tragué entero el debate sobre el estado de la región y ni una vez se pronunció la palabra, productividad. Eso quedará para Pekín, que trabajan como chinos.