Ana Cárcaba mostró un escenario dramático sobre la situación económica del Principado: «cada vez se observa una distancia más grande entre ingresos y gastos». La consejera de Hacienda hizo hincapié en que el modelo de financiación autonómica está pensado para cubrir los gastos originados por los servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales), pero que hay otros servicios, como justicia, y gastos añadidos, como la política de cohesión territorial y el reto demográfico. La consejera confía en la reforma del modelo, un asunto pendiente desde el año 2014.

La cuestión planteada por Ana Cárcaba es crucial para la gestión autonómica, porque no se puede tener un déficit estructural que se prolongue en el tiempo sin incurrir en insolvencia. Vamos con algunas cosas que saltan a la vista. La consejera habló de 43.500 empleados públicos, que vienen a ser 5.000 más de los que había hace cinco años. Al menos en aquella época se decía que el Principado tenía en nómina 38.500 trabajadores. Es un aumento muy grande, que significa un incremento de gasto de 250 millones al año, en números redondos. Entiendo que en las cuatro primeras olas de la pandemia hubo que contratar a más sanitarios, pero a estas alturas ya tenía que haber vuelto la plantilla a las dimensiones normales. Ya he dicho muchas veces que la aplicación de la jornada laboral de 35 horas a la semana -ningún otro sector laboral la disfruta en Asturias- supuso un sobrecoste de 105 millones al año para el Principado. ¿Debe hacer frente el Estado a esa factura?

La oposición quería conocer el coste de los servicios y cuánto dinero se necesita para salir de las estrecheces, pero la consejera no les sacó de dudas. Hablemos claro. El coste de la mano de obra es un secreto, porque si lo da a conocer el Principado se crea un agravio con el sector privado. Se verá que el empresario que mejor paga en Asturias son los contribuyentes que dedican dos tercios de sus impuestos a costear el sueldo de los funcionarios de las tres administraciones territoriales.

Se calcula que los gastos de las comunidades autónomas han crecido en 16.400 millones desde el año 2009, cuando se firmó el actual modelo de financiación. Voy a decir algo tan simple como cierto: el nuevo modelo de financiación se podrá aprobar si el Estado pone encima de la mesa ese dinero. Y en el año 2030 estaremos diciendo, otra vez, que el modelo no cubre los gastos del Principado. Lógico, andaremos ya por los 55.000 funcionarios. Todos imprescindibles.