Según Melania Álvarez, portavoz del Gobierno, no se puede, «en absoluto», dar por «atascada» la negociación sobre la reforma del Estatuto. ¿Hubo más reuniones? ¿Remitió algún documento el PSOE a los grupos parlamentarios de Podemos, IU y Foro, con los que negocia? Si atendemos a las declaraciones de los tres partidos de la oposición, las cosas están como hace quince días. Qué sentido tiene decir que la negociación avanza, si no hay contactos ni se intercambian documentos. No sé qué finalidad tiene construir un relato alternativo a la realidad en nombre del Gobierno.

Adrián Pumares, diputado de Foro, explica por qué está atascada: «la negociación ha empezado, pero no hemos salvado el trámite de los tres quintos; si algún grupo se opone a ello no podríamos continuar». Para Foro, la mayoría cualificada para aprobar la ley que concreta el modelo de oficialidad es una premisa obligada para seguir negociando. Podemos, por su parte, tiene dudas sobre la legalidad de incluir en el Estatuto la exigencia de una mayoría de tres quintos para aprobar la ley de normalización del bable y ha pedido un informe jurídico. Desde el principio, me pareció muy discutible esa propuesta, pero los juristas, especializados en Derecho Público, son los que deben sacarnos de dudas. No me parece una estratagema por parte de Podemos, sino la única forma de construir sobre cimientos sólidos ¿Cuántos contenciosos ha perdido el Principado en los últimos diez años? Si se derrumba la reforma del Estatuto en el juzgado, como le ocurre a los planes de urbanismo, nuestra clase política tiene que pedir la excedencia por un tiempo indefinido.

Como parece ser que estamos en la fase de marcar líneas rojas, IU ha trazado la suya: se levantarán de la mesa si algún grupo plantea rebajas fiscales como materia de negociación. Una postura que coincide con sus planteamientos a lo largo de toda la trayectoria institucional. Jamás apoyó rebajas en el Impuesto de Sucesiones o en el IRPF. No es una cuestión estratégica ni táctica, sino que forma parte del núcleo duro de su pensamiento. Si IU gobernase, es más que probable que gravaría más las herencias y las rentas de las personas físicas, a partir de determinados niveles. El otro día, Ángela Vallina (IU) aseguraba que no había nada más demagógico que bajar la presión fiscal y exigir más gasto público. Es cierto, si se bajan los impuestos, también hay que reducir el gasto. Conclusión: el acuerdo sobre la oficialidad naufraga cuando se suman otros asuntos.