En el último trimestre del año aumenta la actividad en la Junta General del Principado. No es que adquiera un ritmo trepidante, pero resulta notable en comparación con los meses precedentes. Hay que recordar que hubo años en que la única norma aprobada por nuestro Parlamento fue la ley de presupuestos.

En la agenda parlamentaria está la reforma del Estatuto de Autonomía para convertir a Asturias en un territorio oficialmente trilingüe, la negociación de los presupuestos de 2022 y la concertación social, un asunto, este último, vinculado a las cuentas regionales porque el Gobierno y los partidos de izquierda quieren que se traslade su contenido a las partidas presupuestarias.

En el debate sobre el estado de la región se habló de estas cuestiones en clave de urgencia: la prioridad estaba en cerrar la concertación social y en la primera semana de noviembre empezarían las negociaciones sobre los presupuestos y el Estatuto.

Opacidad

Ahí nos hemos quedado. Cuando está a punto de cumplirse un mes del debate sobre el estado de la región no sabemos lo que ocurre. Opacidad absoluta.

A través de declaraciones aisladas de algún dirigente de la oposición nos hemos enterado de que hubo una ronda de contactos y que la negociación sobre la reforma del Estatuto está detenida en espera de un informe jurídico solicitado por Podemos.

Se oculta la gestión de asuntos de gran importancia pública que fueron anunciados en el principal debate parlamentario del año. Vayamos por orden.

La concertación es una herencia del siglo XX, cuando los sindicatos eran muy poderosos y la paz social un bien que tenía un precio. Se firmaron nueve acuerdos de concertación en 32 años.

Ya hace tiempo que se ha convertido en una ceremonia hueca, porque la paz social es un hecho cotidiano como corresponde a la región menos conflictiva de España. A la actualidad me remito: huelga del metal en Cádiz, acompañada de manifestaciones a la antigua usanza, o el éxito de la huelga general en la Mariña (Lugo), cerrando polígonos industriales, comercios, hostelería, institutos. Burela, la nueva plaza roja.

La concertación se empezó a negociar en verano; se iba a firmar en noviembre y nada más se supo. El Gobierno no dice nada, pese a ser el que paga la fiesta. Pregunto qué pasa y me contestan con frases que terminan en puntos suspensivos. ¿Será que discuten por el famoso «pesebre»? Nadie da la cara.

En los últimos 21 meses, en el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz llegó a 13 acuerdos con los sindicatos. Diez de ellos también los firmó la CEOE. Versaron sobre materias importantes (acuerdo sobre los ERTE y las prórrogas, la Ley sobre el Trabajo a Distancia, las dos subidas del salario mínimo, la Ley «rider», la subida de las cotizaciones sociales para hacer sostenibles las pensiones, etc.), hubo tensión en las negociaciones, pero siempre se informó a la opinión pública, aunque no transcendieran todos los detalles.

Sólo en los países atrasados se tratan estas cosas de espaldas al público. En España, informar no es una opción, es una obligación. Aquí, en Asturias, parece que el poder se mueve en otras coordenadas.

Trilingüismo

La cuestión más candente es la reforma estatutaria, porque conlleva la oficialización del trilingüismo. Como en cualquier tema controvertido hay gente que está a favor y en contra, pero todas las personas de un cierto nivel intelectual, entrevistadas en los medios, coinciden en que es una medida de gran calado, de mucha transcendencia, que es importante sopesar muy bien antes de darle curso legal.

Justo lo contrario del mensaje del Gobierno: la cooficialidad se aprueba, sin necesidad de consultar con nadie. ¿Tendrá consecuencias? No, nada, es un producto amable: una cremita para tonificar la piel.

Orillada cualquier tentación de consenso, la izquierda necesita para imponer la oficialidad contar con el portavoz de Foro. Adrián Pumares está convencido, pero en la dirección de su partido no todos comulgan con ruedas de molino. Puede haber una crisis en el partido.

El programa electoral de Foro dice: «actualmente no existe el consenso social necesario que aconseje la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía para incluir en su artículo 4 la oficialidad». Muy claro.

Es evidente que no hay consenso social ni político, así que el voto favorable contradice el programa electoral. Si Pumares se alinea con el Gobierno habrá hecho el segundo gran favor de la derecha asturiana a los socialistas en cuatro décadas de etapa autonómica.

El primero fue cosa del PP, cuando sumó sus escaños con el PSOE de Javier Fernández para bloquear al Gobierno de Cascos. Realizado el trabajo, gobernó Fernández siete años.

Silencio

La segunda está ahora esbozada. El caso es que los días pasan y el asunto no avanza. El Gobierno guarda silencio, la oposición se desespera porque no la convocan. Ante el micrófono, la portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, tuvo que dar su versión sobre lo que ocurre: «la negociación en absoluto está atascada. Está abierta y va por buen camino…Al menos, marcha».

Parece que la alternativa está entre guardar silencio o dar rienda suelta a la imaginación. ¿Y el presupuesto? Contesto yo: «no está atascado. Va por buena senda. Al menos, progresa».

Cuando Gimena Llamedo y Dolores Carcedo me pasen otro argumentario lo pondré en circulación. Mientras tanto, el telón de la opacidad. A guardar silencio que es la doctrina oficial.