La cumbre autonómica de las ocho regiones, seis del norte y dos del sur, ha cumplido su principal objetivo al presentarse ante la opinión pública española y las instituciones del Estado como un grupo homogéneo que lucha por sus intereses y propone medios para alcanzarlos. Hasta ahora Asturias había estado participando en acuerdos entre vecinos, con Galicia, Castilla-León y Cantabria, que permitían hablar de las reivindicaciones del noroeste. En Madrid nadie se había enterado, ni el Gobierno central ni las direcciones de los grandes partidos. Ahora es distinto. La declaración del ‘Foro Santiago, Camino de Consenso’ se ha colado en todos los medios de comunicación y cuando se hable del nuevo modelo de financiación autonómica los 35 puntos de la declaración formaran parte de los documentos de trabajo. La ministra de Hacienda no va a poder diseñar el nuevo modelo haciendo oídos sordos a la España vacía, ya que está por fin políticamente articulada, convirtiéndose en un nuevo interlocutor del Gobierno. Conviene no engañarse. Hasta la fecha, bajo la apariencia del diálogo multilateral, los sistemas de financiación se tejieron entre la presión de los lobys territoriales, con Cataluña como región guía que orientaba la negociación. La cosa cambia. Se ha hecho un trabajo político acertado que está llamado a reequilibrar el reparto de recursos.

Los presidentes subrayaron la idea de que son leales al Estado y no tienen voluntad de formar ningún frente ni ir en contra de nadie. Esto es muy importante. Frente al belicismo y el exclusivismo de los nacionalistas, hay que ofrecer una imagen de regiones pacíficas que se sienten absolutamente concernidas con el destino de España que va unido al de esas regiones. No van a negociar bajo la amenaza ni el chantaje. No entraran en esos macabros juegos asimétricos del nacionalismo: presos por presupuestos.

Todo lo anterior no quiere decir que renuncien a defender sus propuestas, que pasan por exponer razonadamente la necesidad de destinar más dinero para la sanidad, la dependencia, la natalidad y la universalización de la red de cero a tres años. Un aspecto interesante es la petición de los ocho presidentes de dotar con más recursos el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Es el único que recoge la Constitución y tiene la particularidad de que los territorios forales (País Vasco, Navarra) tienen que aportarle recursos. Desde una perspectiva de cohesión nacional conviene que ese fondo tenga mucho peso.